Disputas competenciales entre el Govern y el Consell de Mallorca impiden que cientos de ciudadanos cobren más de 15 millones de euros que la Administración les adeuda en pago a expropiaciones realizadas, en algunos casos, hace 10 años. El origen del problema está en el traspaso de competencias a los consells en materia de carreteras. La teoría del Consell es que sólo debe pagar aquellas expropiaciones que haya realizado desde el mismo momento en que asumió las competencias. Los pagos anteriores, en su opinión, los debe abonar el Govern y, además, debe pagarse de forma urgente con cargo a la partida presupuestaria del Govern para las carreteras.
El conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, explicó en una reciente comparecencia parlamentaria que el Govern está dispuesto a ayudar al Consell para liquidar los expedientes atrasados. Quetglas añadió que se está buscando un «mecanismo de colaboración» para hacer frente a estos pagos y sugirió la posibilidad de ir haciendo las entregas a la institución insular conforme lleguen las sentencias a la Administración desde los tribunales. En cualquier caso, el conseller quiso dejar claro que algunas de estas expropiaciones tienen una antiguedad de hasta diez años y la mayoría son previas a la llegada del Pacte al Govern, por lo que censuró la actuación de anteriores ejecutivos en este asunto.
La disputa entre ambas instituciones se remonta a la negociación de los traspasos de competencias, donde ya quedó clara la existencia de un problema que no se ha resuelto todavía. A pesar de que los tribunales no se han pronunciado sobre esta materia en concreto, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) sobre una cuestión de características muy similares da la razón al Consell y dice que es el Govern quien debe pagar. Se trata de una resolución judicial dictada el pasado 28 de octubre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre la reclamación de una indemnización a un ciudadano.