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Ortea declara en el TSJB por la concesión del túnel de Sóller

Juan Caldés reclama al Govern 16,8 millones de euros

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El portavoz del Grupo Parlamentario del PP, José María González Ortea, y el ex conseller de Obres Públiques del Govern del PP, Jeroni Saiz, prestaron declaración ayer ante el juez de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia Balears (TSJB) que investiga el proceso de adjudicación del túnel de Sóller. El empresario Juan Caldés Lizana, defendido por el abogado Bartomeu Vidal, reclama al Govern una indemnización de 16'8 millones de pesetas (unos 2.800 millones de pesetas) por haber elegido la oferta presentada por Antoni Cuart para construir el túnel de Sóller, y no la suya, a pesar de que obtuvo más puntos de la comisión calificadora.

Saiz y González Ortea, que declararon en calidad de testigos, tuvieron distintas actuaciones en el proceso de adjudicación de las obras. El ex conseller dirigió el área de Obres Públiques hasta 1993 y el portavoz del PP era técnico cuando se produjeron los hechos. Caldés ha calificado de «determinante» la sentencia del Supremo, que halló culpable a Antoni Cuart, el empresario elegido por el Govern para realizar la gigantesca obra viaria, de un delito de cohecho, aunque al igual que al ex president Gabriel Cañellas, le absolvió por prescripción. La Sala de lo Penal del Supremo rectificó en ese sentido la sentencia dictada por el tribunal de Palma que exculpó a Cuart.

Esa sentencia determina que Cuart pagó 50 millones a Cañellas por la ejecución de las obras, acción que fue determinante para que rechazaran la oferta de Caldés. Por ello exige a través del recurso contencioso administrativo una indemnización acorde con el daño económico y moral sufrido por su empresa. La oferta de Juan Caldés fue la mejor puntuada por los técnicos que valoraron las distintas propuestas para construir el túnel, aunque finalmente se eligió la opción de Antoni Cuart. En la demanda de Caldés se apunta que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por el «caso Túnel de Sóller» se califica a Cañellas de «criminalmente responsable del delito de cohecho» tras recibir 50 millones de Antoni Cuart que fueron al Partido Popular.

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