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La CEOE anuncia que los empresarios no van a correr con los costes del «decretazo»

José María Cuevas critica la política del Govern de moderar el crecimiento económico en las Islas

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas, aprovechó ayer su visita a Palma con motivo del inicio de los actos conmemorativos del XXV aniversario de la CAEB, para poner de manifiesto la oposición frontal del mundo empresarial a una revisión de la reforma laboral aprobada este año por el Gobierno de José María Aznar, el «decretazo», si ello supone un alza de los costes a las empresas.

Cuevas exigió que se debe mantener en lo esencial la reforma laboral, «pero el proceso de negociación con los agentes sociales no debe suponer un alza de los costes empresariales, más en un momento como el actual en donde hay una exigencia mayor de competitividad. En cualquier caso, consideramos oportuno el proceso de negociación abierto por el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, con sindicatos y patronal sobre el contenido del decreto-ley, pero en ningún caso debe suponer volver a la situación anterior, caso de los salarios de tramitación cuyo coste se trasladaba injustamente a las empresas».

El impacto del «decretazo» en la figura de los fijos discontinuos fue analizado también por el dirigente de la CEOE: «Soy partidario de que se introduzcan criterios y medidas para flexibilizar la situación de los trabajadores fijos discontinuos». Al respecto, el presidente de la CAEB, Josep Oliver, aclaró en la rueda de prensa que los derechos de este colectivo de trabajadores, «que son los que sustentan la actividad turística en las Islas, están garantizados».

Preguntado sobre la estrategia del Govern de limitar el crecimiento en la economía balear, Cuevas afirmó: «Plantear una estrategia basada en la moderación del crecimiento económico de las Islas es equivocado. Todos los intentos de intervenir en la economía por parte de las administraciones producen efectos negativos, ya que producen distorsiones, inseguridad jurídica e incertidumbre. Los gobiernos deben transmitir confianza y dar seguridad jurídica».

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