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Balears contará con el primer plan de salud laboral de todo el Estado

El Govern destina más de 33 millones de euros a combatir la siniestralidad en las Islas

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El Consell de Govern aprobará hoy el 'Pla Estratègic de Salut Laboral', el primero que se aprobará en todo el Estado español, y que contará con un presupuesto total de 33.243.912 millones de euros para el periodo 2002"2005 y cuyo objetivo básico es reducir la siniestralidad laboral. Así lo confirmó ayer el conseller de Treball i Formació, Eberhard Grosske, en una rueda de prensa en la que también participó la directora del Institut de Salut Laboral de les Illes Balears (ISLIB), Carme Font, quien además reiteró que el Consell de Govern también acordará no contratar para obras menores a empresas con un alto índice de siniestralidad.

El plan estratégico, que ha sido consensuado por todos los agentes implicados y que involucra a todas las consellerias del Govern, es un documento «pionero en España» que analiza la siniestralidad laboral de las Islas y fija hasta 21 objetivos y 132 actuaciones para combatirla, indicó la directora del Institut de Salut Laboral. Entre las de carácter general, se encuentran el fomento de la contratación indefinida, el condicionamiento de la contratación con la administración autonómica y la percepción de ayudas públicas al cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos y la inclusión de esta materia en la negociación de los convenios.

El documento establece actuaciones especificas para los dos sectores más conflictivos por lo que hace referencia a la siniestralidad laboral, hostelería y construcción. De hecho para el sector de la hostelería se han acordado un total de 20 actuaciones, entre las que destaca el hecho de que la Inspección de Trabajo y el Institut de la Salut Laboral han acordado un plan coordinado de verificación de la eficacia de la prevención de lesiones osteomusculares, «que son muy abundantes en el sector», indicó Carme Font.

Algunas de las acciones previstas en el sector de la construcción, con un total de 25 medidas consensuadas, como la que apuesta por que el potencial trabajador que se incriba como demandante de ocupación en el sector de la construcción tendrá que acreditar la formación mínima en seguridad y salud o, en caso contario, tendrá que realizar el curso de formación correspondiente que podría ser controlado por el Servei d'Ocupació (SOIB).

Grosske anunció que el Consell de Govern aprobará también un acuerdo por el que el Ejecutivo autonómico se compromete a no encargar contrataciones menores a empresas con un índice de siniestralidad laboral por encima del 50 por ciento de la media del sector en el que opera. Estos contratos representan «un 90 por ciento» de los que formaliza el Govern, indicó la directora del Institut de Salut Laboral.

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