Un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) plantea la implantación, por parte de los ayuntamientos, de un impuesto medioambiental que pagarían las empresas que realicen actividades contaminantes dentro de su término municipal.
Esta nueva opción tributaria tendría un papel secundario en el conjunto de la financiación local, y los autores del estudio asumen el alto coste social que se derivaría de la implantación en relación en los recursos que podrían conseguirse.
El estudio detalla que el aspecto fundamental de estos tributos ecológicos reside en la protección del medio ambiente, a la cual se subordina la obtención de ingresos, ya sea mediante el establecimiento de un incentivo o a través de la compensación de daños causados.
Los redactores del informe analizan las posibilidades de esta figura tributaria: impuestos, tasas o contribuciones especiales. En el caso de los impuestos, recaerían sobre las actividades contaminantes y la cuantía estaría directamente relacionada con el daño ambiental, aunque se reconoce la dificultad de establecer mecanismos de estimación objetiva.