Más de treinta familias de Balears han sido denunciadas esta semana por modificar sus datos de empadronamiento en los municipios insulares, especialmente en las ciudades de Palma, Pollença y Eivissa, para garantizar a los hijos la plaza escolar deseada en un centro determinado.
Todo ello corresponde al proceso de escolarización que este año tiene que redistribuir 611 alumnos que no han encontrado plaza en los centros solicitados.
El objetivo de los «mentirosos» es - supuestamente - eludir los sistemas creados por la Conselleria d'Educació para evitar la concentración del alumnado entre los colegios considerados «prestigiosos», con independencia de su gestión pública o privada concertada.
Las acusaciones, no obstante, no se lanzan ahora desde la Administración que ha ordenado el sistema de escolarización actual, sino que son los padres de los alumnos rechazados que han empezado una verdadera cacería de empadronados falsos.
Los rechazados aportan los nombres y apellidos de las personas que han conseguido una puntuación extraordinaria en la escolarización de sus hijos mediante el cambio de domicilio inexistente, que les permite disponer del máximo de puntos en un sistema en que la proximidad domiciliaria otorga la preferencia de admisión por zonas escolares.
«Las denuncias que recibimos las pasamos al servicio de Inspección, para que comprueben que el consejo escolar - responsable de cotejar las documentaciones remitidas según las normas fijadas por el Govern - ha efectuado correctamente su tarea, y es en general así», explica el director general de Planificación y Centros de la Conselleria d'Educació, Jaume Gual.
«Pero el consejo escolar no puede valorar más que los documentos que autoriza el ayuntamiento (es decir, los certificados de empadronamiento), de manera que no puede juzgar sobre la validez de los documentos entregados», añade Gual.
«Las denuncias más documentadas las transmitimos a los ayuntamientos implicados, porque entendemos que son ellos los que pueden comprobar si una persona vive o no vive en la dirección en que está empadronada. Son ellos (los consistorios) los que tienen que enviar sus agentes: parece muy fácil saber de esa manera si se vive, efectivamente, o no en el lugar citado en la documentación».
Para Jordi Llabrés - concejal d'Educación en el Ajuntament de Palma, donde se concentran más del 85% de las denuncias presentadas hasta ahora -, este argumento no es válido. «Nosotros suponemos que cuando los padres empadronan un hijo en un lugar determinado, lo hacen respetando la normativa vigente; y he de decir, como representante de un consejo escolar, que se mantiene una vigilancia en este aspecto. Otra cosa es que exista una picaresca que aprovecha una normativa mal hecha: si el cambio entra en la legalidad, no hay fraude, sino un texto malo».