El alcalde de Ponferrada, del PP, ha sido finalmente condenado a pagar una multa y una indemnización al ser considerado culpable de acoso sexual contra la concejal Nevenka Fernández, del mismo partido, que le denunció provocando un escándalo de proporciones nacionales.
El caso desató si cabe más polémica por las penosas afirmaciones del fiscal jefe del tribunal, que convirtió de la noche a la mañana a la víctima en acusada "quedó relevado del caso a consecuencia de su lamentable actuación", aunque por fortuna finalmente se ha impuesto la cordura y el juicio se ha centrado en verificar un acoso sexual siempre difícilmente demostrable, al basarse exclusivamente, en muchos casos, en los testimonios personales de los testigos.
Y ahí precisamente es donde se ubican todas las dudas que ha despertado este caso, cuya sentencia ha sido pionera en nuestro país, aunque con el voto particular de uno de los jueces, al considerar débiles las pruebas.
Es probable que muchos ciudadanos "varones" coincidirán con él al preguntarse qué seguridad tienen ahora en el caso de que una mujer que trabaje bajo su autoridad quiera comprometer su honorabilidad acusándoles de acoso únicamente con su propio testimonio.
Quien haya visto a la joven Nevenka acudir a ese largo juicio, perdiendo a su paso la salud "su peso bajó drásticamente y los médicos le diagnosticaron una severa depresión" se habrá dado cuenta de que difícilmente alguien sería capaz de someterse a esa tortura psicológica sólo para perjudicar a otro, especialmente cuando ha sido analizada infinidad de veces por psicólogos y psiquiatras que trataban de sorprenderle en una contradicción que desmontara su versión de los hechos, sin conseguirlo.