La contratación de personas con discapacidades psíquicas por las empresas nos resulta hoy un casi deber de éstas, un gesto políticamente correcto que, sin embargo, ni es tan frecuente como se podría desear ni llevamos tantos años practicándolo.Las primeras experiencias de integración laboral en la empresa ordinaria de trabajadores con discapacidades se iniciaron en Mallorca en el año 1991 y fue ésta la segunda tentativa europea, tras el ejemplo de Irlanda.
Por aquel año, tres iniciativas comenzaron a allanar tímidamente el camino de la integración laboral de los, a priori, menos capaces: el Centre Migjorn del ayuntamiento de Llucmajor (gestionado por Intress), el centro Cipres del Consell Insular de Mallorca y los talleres de formación laboral del Ajuntament de Palma y Coordinadora Federación Balear de Persones amb Discapacitat.
Paralelamente a estos ensayos, el Consell de Mallorca estudiaba desde hacía algún tiempo el modelo de apoyo al empleo que desde quince años antes funcionaba en los Estados Unidos y, finalmente, a comienzos de 1991 se constituyó el primer equipo de lo que se denominaría el programa «Treball amb suport». Este se definió como una metodología de acompañamiento, guía y apoyo de personas con discapacidad -psíquica, sensorial e incluso física- para facilitar su adaptación a un puesto de trabajo.
Era pues imprescindible la colaboración de los empresarios, a los que se pedía que contrataran personas que tradicionalmente no contaban para el mundo laboral, en un momento, además, en que la tasa de paro a nivel estatal rondaba el 20 por ciento. Los principios, por tanto, no fueron fáciles, pero poco a poca la respuesta del empresario mallorquín fue cada vez mejor y aquella experiencia piloto -cofinanciada por el CIM y la colaboración entre el Inem y las corporaciones locales-, ha cumplido ya su primera década y es hora de hacer balance.
Las cifras hablan de que 162 personas (102 hombres y 60 mujeres) han pasado por el programa entre 1991 y 2001, de las que 143 (89 hombres y 54 mujeres) han sido contratadas por alguna empresa durante estos años. Sólo durante el año recien despedido el programa ha permitido la contratación de 77 personas discapacitadas (50 de ellas hombres y 28 mujeres) y en la actualidad 22 personas (9 hombres y 13 mujeres) integran en la bolsa de empleo del programa.
Empresas de todo tipo "agrícolas, panificadoras, de hostelería, de servicios, de limpieza y mantenimiento, de construcción, industriales o comerciales", organizaciones no gubernamentales, residencias de mayores, guarderías infantiles o administraciones públicas han hecho posible la contratación de discapacitados, mediante contratos temporales en unos casos pero también indefinidos y a jornada completa en otros. Los datos así expuestos no reflejan la trascendencia que en las vida de estas personas ha supuesto el poder acceder a un empleo, algo, en un principio, impensable para muchas de sus familias. Gabriel Llompart Paredes, de 33 años, fue el primer discapacitado psíquico que recibió un contrato de trabajo a través de este programa.
Desde hace doce años forma parte de la plantilla de una empresa cárnica y por el momento no tiene intención alguna de cambiar, se siente bien pagado y encantado con su empleo. Su madre, con la que vive, no esconde su satisfacción por lo que su hijo ha logrado. Andreu Melis es mozo de almacén y para él su trabajo «significa muchas cosas, tengo un trabajo como el resto de la gente, gano algo de dinero para poder salir y así puedo mandar un poco más en mi vida, sin depender de los demás».
Aunque siempre surgen percances, los preparadores laborales -figura imprescindible de esta metodología de trabajo- están siempre ahí «para ir resolviendo y capeando las dificultades que aparecen», explicó Bartomeu Rigo, miembros de la Mesa de Trabajo de la que forman parte las entidades que en Balears desarrollan programas de inserción laboral con la metodología de «Treball amb suport». «Si bien cada uno trabaja por su cuenta, seguimos un mismo método e intentamos unificar los esfuerzos», añadió. Esta mesa está compuesta actualmente por el Govern balear, los ayuntamientos de Palma y Calvià, Aspas, Coordinadora, Intress, Amadip y Unac.