La crisis aérea desatada tras los atentados del pasado 11 de septiembre exigía una reacción rápida y medidas contundentes para evitar que la situación llegue a afectar de forma definitiva al ciudadano. Aunque las razones de las drásticas reducciones de vuelos y personal en algunas compañías no obedecen únicamente al miedo al terrorismo internacional, había que actuar en consecuencia para paliar los efectos negativos que el panorama que se avecina podría provocar. De momento ya se han resentido los enlaces entre las Islas y algunos entre Balears y la Península, dándose la paradoja "que refleja irónicamente cual es la posición real de nuestro país" de que ahora mismos estamos más y mejor conectados con el extranjero que con otras ciudades del Estado español. Así las cosas, la primera idea de reunir a representantes del Govern, de los consells insulars, de las compañías de aviación y de los sindicatos para analizar la crisis y proponer posibles soluciones ha sido excelente. De este encuentro han salido algunas propuestas interesantes que el Gobierno de Madrid deberá decidir si acepta o no. Exigir la declaración de interés público para algunas líneas deficitarias y apoyar económicamente a las compañías que las asuma, es una de ellas; aumentar los descuentos aéreos para los residentes "ahora que los precios se han disparado", es otra; y reclamar la gestión aeroportuaria, sería otra, aunque menos consensuada.
Que se lleguen a materializar unas u otras ideas es impredecible, pero lo cierto aquí y ahora es que se precisan soluciones urgentes. Las complicadas relaciones entre el Consolat de la Mar y Madrid pueden dificultar la resolución de esta crisis. Sin embargo, cabe esperar un esfuerzo de todas las administraciones para promover soluciones que beneficien a todos.