La avalancha de pateras está colapsando los centros de detención y acogida en la costa de Cádiz, en la mayor oleada de inmigración ilegal jamás registrada. El pasado fin de semana se practicó cerca de un millar de detenciones en la Península y en Canarias, una cifra sin precedentes y que ha desbordado a las fuerzas policiales y a las organizaciones humanitarias. Ha sido necesario habilitar instalaciones deportivas para acoger a los inmigrantes hasta que puedan ser repatriados.
Las buenas condiciones climáticas en la zona del Estrecho han propiciado esta invasión masiva de hombres y mujeres magrebíes y subsaharianos en busca de una vida mejor en Europa. Todos ellos han tenido que pagar por lo menos 200.000 pesetas para conseguir un sitio en una patera abarrotada que puede llevarles a España o a la muerte si la embarcación naufraga. Si consiguen llegar a tierra, y no son interceptados por la Guardia Civil, se les abre un futuro incierto, en busca de un trabajo para el que no tienen papeles y con el temor a ser expulsados en cualquier momento.
La situación no puede ser más dramática, y no sólo en las costas próximas a Àfrica, sino también en el interior. El violento desalojo de los inmigrantes concentrados en la plaza de Catalunya de Barcelona ha puesto de relieve el drama personal de quienes han logrado evitar los controles policiales en la costa. ¿Qué se puede hacer? Hay una Ley de Extranjería en vigor, que probablemente es mejorable, pero no se diferencia de las leyes de otros países europeos. Lo indudable es que hace falta un ordenamiento jurídico que regule y ponga límites a la llegada de los inmigrantes.
Europa debe mantener abiertas sus puertas a los ciudadanos de otros continentes, pero no deben llegar en pateras. Deben llegar con papeles. Sin embargo, no todo debe reducirse a blindar las fronteras para evitar nuevas invasiones. Hay que buscar soluciones en los países de origen. Para que millones de magrebíes y subsaharianos encuentren en sus propios países unas condiciones de vida más dignas.