La Plataforma 0-3 reclama a la Conselleria d'Educació una reunión en septiembre para discutir una propuesta de normativa sobre la Educación Infantil, que actualmente regula el Decreto 1004, a través del cual se pretenden optimizar las condiciones de la escolarización de los niños de 0 a 3 años. «El pasado curso se mantuvieron tan sólo dos reuniones con Educació (octubre y mayo) y queda pendiente una tercera, que debía ser en julio pero se anuló y exigimos celebrarla cuanto antes, pues algunos objetivos, que no suponen una inversión económica, son factibles para el nuevo curso», declaró Catalina Oliver, portavoz de la Plataforma.
Este colectivo exige, desde su creación hace dos años, que se regule, en función de las posibilidades admitidas en la LOGSE, el ciclo educativo de 0 a 3 años en la etapa conjunta de 0 a 6 años, además de que se disminuya la ratio de alumnos por aula. Oliver reconoció que «estamos preocupados ante la falta de respuesta y se sensibilidad de las administraciones, en especial de la Conselleria». Recordó que era un compromiso electoral del Govern de Progrés la realización de un pacto por la educación con las fuerzas políticas, entidades sociales y sectores educativos y también la firma de convenios con ayuntamientos y otras instituciones a fin de garantizar una red pública de escoletes infantiles con una normativa para esta etapa.
Desde la Plataforma se insiste en la falta de plazas escolares para este ciclo y en la necesidad de asegurar servicios educativos públicos de calidad para todos. Junto a ello, advierte que el próximo curso finaliza el plazo para que todos los centros de Educación Infantil se adecúen al decreto de mínimos (Decreto 1004), vinculante para los centros con educación de 0 a 6 años, «y todavía no sabemos qué piensa hacer la Conselleria, cómo piensa afrontar la tarea que le corresponde de supervisar que todos los centros cumplen con los requisitos mínimos».
El plan de actuación urgente propuesto por la Plataforma se concreta en la necesidad de regular -a través de un decreto ley-, una normativa para los centros de Infantil y un decreto vinculante para los mismos, el establecimiento de medidas para inspeccionar la calidad y condiciones de los existentes y la creación de una red pública de centros de Infantil. Este colectivo, formado por maestros de escoletes municipales y privadas, profesores universitarios, padres de alumnos y vecinos, demanda, además, que se garanticen las ayudas a los centros para que se puedan adecuar al decreto de mínimos y el diseño de un mapa escolar para realizar la previsión de plazas necesarias.