El Col·legi d'Arquitectes considera «nula de pleno derecho» la moratoria aprobada por el Govern y afirma que el Ejecutivo se extralimitó al fijar con una norma cautelar el sistema de cupos de licencias, según consta en las alegaciones que los arquitectos han remitido al conseller d'Obres Públiques. Los arquitectos consideran que la norma cautelar es ilegal ya que no se puede modificar el régimen de concesión de licencias «que ha sido establecido mediante reserva de ley, ya que éste sólo podrá hacerse mediante la correspondiente tramitación y aprobación por el Parlament de otra ley».
Las alegaciones de los arquitectos recuerdan que el Consell Consultiu ya emitió un informe en contra de la programación de licencias, que debería hacerse a través de una ley en el Parlament y no de una simple norma, pese a que la moratoria del Govern hable de «programa de concesión de licencias» en lugar de «programación de la ejecución de licencias».
Los arquitectos consideran además que la norma del Govern se extralimita también al no respetar la Ley de Disciplina Urbanística y vulnera un principio legalmente reglado en esta ley al establecer nuevos mecanismos de caducidad de las licencias. En las alegaciones se argumenta además que la moratoria del Govern, al ser supletoria de la del Consell «producirá, a la finalización de esta última, un efecto de desequilibrio urbanístico» y alertan de las «distorsión» que provocará la concesión temporal de los cupos «de consecuencias difíciles de imaginar hoy».
El Col·legi d'Arquitectes consideran «paradójico» que se adopten medidas limitativas para obtener licencias, «pero por otras se permite el libre crecimiento siempre que esté basado en la construcción de viviendas de protección oficial». Los arquitectos consideran demasiado «rígido» que las unidades de población de cada uno de los municipios quede recogida en la futura ley, por lo que sólo podrá modificarse si existe otra ley.
Consideran «absurdo» el mecanismo fijado por el Govern para regular la concesión de licencias en suelo rústico y estiman que debería estudiarse «un procedimiento más motivado y coherente». Los arquitectos se hacen por último una serie de reflexiones concretas sobre la aplicación de la moratoria.