NEKANE DOMBLÀS/AGENCIAS
Los partidos de Balears exigieron ayer el ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, «que dé la cara» tras la decisión del fiscal
jefe de Balears de solicitar la imputación del coordinador del PP,
Josep Juan Cardona, y del diputado de esta formación Antoni Pastor,
por la trama del 'caso Formentera'. El secretario de organización
del PSOE, Damià Cànoves, aseguró que ya ha llegado el momento de
que el titular del Ministerio de Medio Ambiente de explicaciones
públicas de su participación en esta trama y deje de escudarse en
«segundos», que en todo caso no actuaron por su cuenta. Para el
conseller del PSM Antoni Alorda, cada vez resulta más claro que el
president del Govern «es el jefe de toda esta operación», por lo
que debe «dar la cara» y asumir de una vez su responsabilidad.
El presidente del Govern, Francesc Antich, pidió ayer que se deje actuar a la Justicia, pero también consideró que el PP tenía que haber depurado antes las responsabilidades políticas para no tener que llegar «a estos extremos». La polémica por el 'caso Formentera' continuó ayer en el ámbito de la política nacional, a la que saltó tras la decisión de imputar a Cardona. El ministro de la Presidència, Juan José Lucas, aseguró en declaraciones a la Cadena Cope que todas las administraciones, la central y las autonómicas, tienen la obligación en los procesos electorales de «incentivar el voto» y pedir «naturalmente, la participación de los ciudadanos».
Añadió que «no ha habido ni un sólo presidente de Comunidad Autónoma española que no haya viajado al extranjero promocionando sus productos y tratando de que participen en la vida pública de la Comunidad». La coordinadora de Formación del PP, Mercedes de la Merced, recalcó que su partido no ha cometido ningún delito, y opinó que las acusaciones del Pacte se deben a que dentro de dos años hay elecciones y «van a intentar conseguir por la vía judicial y de titulares de prensa lo que no consiguen por la gestión realizada». El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, dijo que se trata de un asunto de «calidad democrática» y consideró que el Gobierno «debiera ser el primero en promover todas las actuaciones políticas o judiciales para su esclarecimiento».