El «caso Gescartera» amenaza con convertirse en una piedra demasiado grande en el camino del Gobierno de José María Aznar. Ayer comparecía en el Congreso de los Diputados la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para tratar de aclarar las enormes dudas que se ciernen sobre un asunto que se ha convertido ya en el mayor escándalo financiero de la «era PP».
Las cifras lo ratifican: trece mil millones desaparecidos, sospechosas relaciones familiares entre altos cargos del Gobierno y directivos de la sociedad de valores, más sospechosas aún actuaciones de algunos de los inversores antes de la deblacle, el oscuro pasado de los responsables de la empresa... todo ello lleva a pensar en irregularidades graves o, como mínimo, en negligencias de consecuencias nefastas.
Sin embargo, a juicio de la oposición, las explicaciones de Pilar Valiente ayer en el Congreso no fueron suficientes, por lo que ya ha pedido la creación de una comisión de investigación que clarifique la situación. De hecho, el mismo desarrollo del debate se pareció más a un circo en algunos momentos que a un intento serio de devolver la confianza a la ciudadanía sobre el sistema financiero español. En un rifirrafe entre miembros de los grupos popular y socialista, la única defensa que los conservadores hallaron para salvar la cara fue atacar al PSOE por su pasado de corrupción.
Así no se arreglan las cosas. El Parlamento es una institución capital que representa los intereses de todos los ciudadanos y ese «y tú más» con que nos obsequiaron ayer sus señorías roza lo intolerable. El caso es gravísimo, hay muchísima gente afectada "y entidades diversas" y resulta del todo exigible una investigación profunda, imparcial y que aporte toda la transparencia que hasta ahora ha faltado.