Esquerra Unida y el PSM presionan a sus socios del Pacte para que el Govern apruebe una moratoria en suelo rústico, que no está incluida en las disposiciones presentadas ayer por el conseller d'Obres Públiques. De hecho, los dirigentes de los partidos del Pacte mantuvieron ayer una comida en la que quedaron patentes estas diferencias. Los representantes del partido nacionalista y de la coalición de izquierdas reclamaron la aprobación de una moratoria que desde la Conselleria no se ve con buenos ojos.
Tampoco UM ha recibido con satisfacción las propuestas presentadas ayer por el Ejecutivo. Los nacionalistas consideran un atrevimiento que el Govern regule por decreto los cupos de licencias. UM envió un comunicado en el que valoran «negativamente» la aprobación de estos cupos. Por lo que respecta a los dos anteproyectos de ley presentados, desde UM no se quiso entrar ayer a valorar este asunto. «Una vez que se presenten en el Parlament, UM ya dará su punto de vista», asegura el comunicado, en el que no obstante se considera que supondrán un retraso en la aprobación del plan territorial.
La regulación en suelo rústico es una de las cuestiones recogidas en los anteproyectos de ley presentados ayer por el Govern. A pesar de que no se ha incluido ninguna moratoria, el director general d'Ordenació del Territori, Manuel Cabellos, afirmó que el suelo rústico no corre peligro de urbanización. Según sus estimaciones, en estos momentos podrían urbanizarse en torno a unas 30.000 parcelas en toda de las Islas, de las que aproximadamente la mitad se sitúan en la frontera de los 14.000 metros, que serían las más sensibles.
En la ley del suelo que quiere aprobar el Ejecutivo se establece que el suelo rústico no tendrá derechos urbanísticos de forma automática, aunque la parcela mínima se mantiene en 14.000 metros cuadrados. Será necesario que los consells otorguen una calificación para que al suelo rústico común se le conceda un aprovechamiento urbanístico.