La sorpresa informativa saltó ayer a los titulares desde el Consell de Mallorca, que anunció la suspensión de las licencias de edificación en suelo urbano y urbanizable de todo el territorio de la Isla hasta que se apruebe el Plan Territorial, en 2002 ó 2003. Será, sin duda, una noticia acogida con cierta satisfacción por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que veían cómo, pese a los recortes de los últimos años, las grúas no hacían sino multiplicarse en toda Mallorca.
La protección del territorio exige medidas contundentes y ésta puede ser una de ellas, aunque mantiene unas excepciones del todo lógicas, referidas a equipamientos públicos, comerciales, industriales, modernización de hoteles y rehabilitación de viviendas. En líneas generales, la moratoria pone freno a la construcción de bloques de pisos y de adosados, pero permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo urbano y suelo rústico, en parcelas de más de 15.000 metros cuadrados.
El asunto de las viviendas sociales es probablemente el más delicado y en el que será necesario llegar a un consenso entre las fuerzas políticas. Una posible solución pasa por la rehabilitación de viviendas. Las ciudades y pueblos están llenos de casas deshabitadas. Urge una decidida acción política que permita rehabilitar esos inmuebles y sacarlos al mercado a precios moderados.
No cabe duda de que la moratoria tendrá una seria repercusión en el sector de la construcción y en los ayuntamientos, pero el ritmo desenfrenado de crecimiento no puede mantenerse. Las promotoras deberán optar por la rehabilitación y los ayuntamientos tendrán que hallar otras fuentes de financiación.
Pero que nadie piense que dejará de construirse en Mallorca de golpe, pues hay en marcha cientos de obras, y otras muchas que aún no han comenzado tienen ya la preceptiva licencia para empezar a edificar más adelante. Pero es un primer paso que permitirá ralentizar el ritmo de crecimiento para que entre todos pensemos qué modelo de Isla queremos y cómo conseguirlo.