El hecho de que la moratoria urbanística anunciada ayer por los responsables del Consell de Mallorca deje congelada también la concesión de nuevas licencias para las viviendas de protección oficial ha enfrentado a Unió Mallorquina con el resto de sus socios de Pacte. Para contrarrestar esta suspensión de viviendas de protección oficial, la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, lanzó ayer formalmente una propuesta de pacto integral tanto al Govern como a los ayuntamientos para garantizar el acceso a la vivienda a las personas con más dificultades económicas. Munar propuso que las instituciones estudien los mecanismos para posibilitar que parte de las viviendas que se rehabiliten puedan destinarse a viviendas sociales.
Por lo que respecta al contenido de la moratoria, la consellera del PSOE en el Consell Francina Armengol valoró satisfactoriamente el anuncio realizado en la Comissió Insular d'Urbanisme pero consideró una «aberración» que la construcción de viviendas sociales quede paralizada. «No se puede dejar sin la posibilidad de acceder una vivienda a las familias más desfavorecidas», añadió.
En términos similares se expresó el conseller del PSM Antoni Alorda, para quien las viviendas de protección oficial no pueden quedar incluidas en la moratoria. «Es básico que se reconsidere la congelación de licencias para viviendas de protección oficial», afirmó Alorda, quien además añadió que intentarán que los representantes de UM en el Consell reconsideren su decisión. Alorda afirmó también que, en esta redefinición de la moratoria, debe incluirse también la excepción de las viviendas unifamiliares. «Es sorprendente que nos enseñemos con los plurifamiliares y el suelo rústico no se vea afectado», concluyó.
La coalición EU-Els Verds envió ayer un comunicado en el que, si bien considera positivo contener el crecimiento urbanístico, también añade que deberían establecerse garantías para preservar el derecho de los jóvenes y los más desfavorecidos a la vivienda, por lo que deberían excluirse las viviendas de protección oficial de la moratoria. También precisa que la suspensión de licencias no debería limitarse al suelo urbano, sino que debería incluir además el suelo rústico y urbanizable. «El suelo rústico, especialmente, ha de ser protegido de su colonización por parte del uso residencial», afirma.
Quienes tampoco quisieron profundizar en la realizaciones de valoraciones fueron los representantes del PP. Los responsables de esta formación política prefirieron esperar a conocer el texto definitivo de la propuesta del Consell antes de pronunciarse. La propuesta del Consell de Mallorca fue especialmente bien recibida por la organización ecologista GOB. Su portavoz, Miquel Angel March, también coincidió con los responsables políticos en que es preciso excluir de la moratoria a las viviendas de protección oficial. «Es una norma interesante que ha superado al Govern por la izquierda».