El terrible suceso que ha conmocionado al país y, especialmente, a los vecinos de las urbanizaciones de los alrededores de Madrid, está proporcionando una avalancha de noticias que, en ocasiones, ponen la piel de gallina. El hecho de que el asesino, violador, ladrón y agresor de toda una familia madrileña hubiera estado detenido varias veces y disfrutara de la misma libertad para delinquir que cualquier ciudadano normal ya es de por sí escandaloso. Que en toda la localidad de Pozuelo, donde viven 65.000 personas sólo hubiera cuatro agentes policiales de guardia por la noche no lo es menos. Y que los delincuentes extranjeros no puedan ser expulsados inmediatamente del país si tienen causas judiciales pendientes es también un tema a debatir. La nueva ley de extranjería ha modificado la normativa anterior y permite que sean expulsados quienes tengan sumarios abiertos cuando la posible pena sea inferior a dos años de prisión.
Leyes aparte, el delegado del Gobierno en Madrid, Javier Ansuátegui, ha realizado unas declaraciones en las que recomienda que los habitantes de urbanizaciones alejadas de centros urbanos contraten seguridad privada para garantizar su tranquilidad. Para eso costeamos entre todos un número cada vez mayor de policías locales, autonómicas, nacionales, guardia civil... Este país empieza a mirarse cada vez más en el espejo americano, donde cada uno se busca la vida como puede porque el Estado no responde. Desde el Gobierno se nos aconseja que suscribamos planes de pensiones para garantizarnos la vejez, que paguemos seguros médicos privados porque la sanidad pública está colapsada, que costeemos guardias jurados porque la policía no está donde debe. Es lamentable que una familia haya tenido que sufrir semejante infierno para que en España se planteen asuntos tan básicos como la seguridad. Si pagamos impuestos "y lo hacemos religiosamente" corresponde al Estado garantizar la seguridad de sus cuidadanos y controlar quién entra en el país y para qué.