La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado que el Govern del Pacte de Progrés utiliza «malabarismos procesales, aunque legales» para «torpedear» reivindicaciones salariales básicas de sus trabajadores. En concreto, se refiere a que el gobierno "«como gobierno progresista que es» señala Manuel Fernández" en lugar de acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que reconocía el derecho de todo el personal laboral con más de tres años de antigüedad a cobrar el plus de antigüedad independientemente de ser fijo, «recurrió ante el Supremo».
Y, el Tribunal Supremo ha echado atrás la sentencia del TSJB por un defecto de forma, concretamente «por acumulación indebida de acciones» (se pedía el reconocimiento del derecho a la antigüedad y el reconocimiento de cuantía económica cuando sólo se puede hacer una petición). Ello ha obligado a USO a iniciar de nuevo todo el proceso y presentar una nueva demanda (en esta ocasión sólo de reconocimiento de derecho para una vez conseguido el objetivo plantear las reclamaciones económicas). La vista tuvo lugar el pasado viernes y ahora se está a la espera de sentencia.
El sindicato USO considera que esta «discriminación» la sufre un centenar de trabajadores y muchos de ellos con más de diez años trabajando para la Administración con contratos, principalmente, por obra y servicio. La cuantía por un trienio ronda las 5.000 pesetas al mes. Esta central sindical manifiesta, respecto a este conflicto, que «curiosamente hay trabajadores, que aun no siendo personal laboral fijo, están percibiendo el complemento de antigüedad, al ser personal transferido de otras administraciones públicas y allí sí lo tenían reconocido».
USO califica de «sorprendente» el recurso que presentó el Govern del Pacte ante el Supremo. «Es increíble que quienes dicen ser abanderados del progreso impugnen resoluciones judiciales que fundamentan y favorecen derechos básicos de los trabajadores». «Pero lo sorprendente de esta impugnación es que sin entrar en el meollo del asunto, la Administración de la Comunitat, ha utilizado el malabarismo procesal para que sea anulado el procedimiento por acumulación indebida de acciones, consiguiendo que todas las actuaciones administrativas se retrotraigan al principio de la demanda.
La central sindical pide al conseller d'Interior del Govern, Josep Maria Costa, y al director general de Funció Pública, Jaume Colom, que se dejen de estos «malabarismos» y eviten estas discriminaciones salariales.