El PP ha enviado cartas a los emigrantes de Balears para explicar su versión sobre la supuesto «operación Mapau» para captar votos en Argentina. El coordinador general del PP balear, Josep Juan Cardona, ha remitido una comunicación a los emigrantes que asistirán a la reunión del Consejo de Comunidades que se celebrará el viernes en Buenos Aires, y que contará con la presencia de representantes del Govern.
En la carta, Josep Juan Cardona dice que «acusaciones atribuidas al Partido Popular, como la manipulación y la inscripción de difuntos en el CERA, sólo pueden ser fruto de la maldad o la ignorancia de los acusadores». «Y es que ahora "dice la carta del PP" en Balears se registra una lucha política emprendida por el actual Govern, integrado por una amalgama de fuerzas políticas, cuyo objetivo es deteriorar la imagen del entonces presidente Jaume Matas y su gobierno. En estas rencillas os están utilizando a vosotros de la misma manera que ponen en tela de juicio al cuerpo diplomático y al Ministerio de Asuntos Exteriores».
El coordinador del PP balear comunica a los emigrantes que participarán en la reunión del Consejo de Comunidades que «el Govern que presidió Jaume Matas siempre actuó dentro de la más estricta legalidad y siempre trabajó para ayudar a las Casas de Balears en el exterior». «Cualquier afirmación en sentido contrario solamente obedece a estrategias dirigidas para provocar el desprestigio de nuestra formación política y el de sus máximos dirigentes». La carta remitido a emigrantes ha sido registrada también en la Conselleria de Presidència para que el titular de dicho departamento, el socialista Antoni Garcías, lo presente en el Consejo de Comunidades que se celebrará a partir del viernes en Buenos Aires.
La comisión de investigación que estudia el empadronamiento masivo de emigrantes en Formentera se negó ayer a aceptar ninguna de las peticiones de comparecencia que había solicitado el PP. El PP había pedido la presencia de la alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera, para que explicara el informe Maquiavelo, y la del diputado de la COP, Santiago Ferrer, para que explicara su punto de vista sobre el caso. El Pacte no aceptó ninguna de estas peticiones y se negó a aceptar la comparecencia de diversos representantes de los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida.