La nueva Ley de Consells, parte de cuyo contenido ha sido recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, entró ayer en vigor sin que se hayan producido cambios en la organización de la institución insular. El conseller de Serveis Generals de la institución, Miquel Nadal, aseguró que el Consell dispone ahora de seis meses de plazo para elaborar un reglamento que adopte el funcionamiento de la institución al contenido de la nueva ley.
Mientras se realiza este trabajo, la asesoría jurídica del Govern y del Parlament están trabajando en el pliego de alegaciones que presentarán al Constitucional en defensa de la ley y en contra del recurso presentado por el Ejecutivo de José María Aznar.
El objetivo del Govern es que el Alto Tribunal levante la suspensión de los artículos impugnados, de forma que la ley siga en vigor al menos hasta que se resuelva el recurso. En el Govern temen que el fallo del Constitucional sobre esta ley tarde un mínimo de ocho años, como ha sucedido con el impuesto ecológico. Si en los próximos seis meses el Tribunal Constitucional no se pronuncia acerca de la suspensión o no de estos artículos se entiende que la suspensión quedaría levantada por silencio administrativo.
La ley que ayer mismo entró en vigor presenta notables diferencias con el proyecto que en un primer momento aprobó el Consell de Govern. El texto sufrió importantes modificaciones como consecuencia de un informe del Consell Consultiu fechado hace ahora un año.
El cambio más sustancial afecta a la principal aspiración de Unió Mallorquina: lograr que el Consell tuviera un gobierno con un funcionamiento autónomo al del pleno, con la presencia de consellers no elegidos en unas elecciones y con facultades ejecutivas. Este gobierno estaba ideado a semejanza de la estructura autonómica vigente, pero fue rechazado de lleno por el Consell Consultiu.