Destacados juristas y asociaciones que defienden los derechos humanos repudiaron la pena de muerte por considerla «un asesinato legalizado», según la definieron en una mesa redonda celebrada anoche en el Centre de Cultura de Sa Nostra con motivo de la visita a Palma de Joaquín y Sara, los padres del ciudadano español Joaquín Martínez que será juzgado en Estados Unidos tras eludir, en el último momento, el denominado «corredor de la muerte».
El ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Rafael Perera, que participó en la mesa redonda, recordó que la última ejecución por «garrote vil» registrada en Palma se remonta a enero de 1949. «Estudiaba Derecho y dos testigos presenciales me relataron la salvajada que se cometió contra dos personas acusadas del crimen de la finca de Puig Moltó (Montuïri), ejecutadas a las cinco de la madrugada en la antigua prisión de Caputxines, al lado del Mercat de l'Olivar», dijo Perera.
El abogado, asimismo, recordó ante los presentes, que siguieron con gran atención su exposición, que la última vez que un fiscal había solicitado la pena de muerte en Palma fue en 1974. «A mí me tocó defender al acusado, al que sólo llamaré Gabriel, y logré variar la pena de muerte por 26 años de cárcel. Había matado a una mujer extranjera por encargo en un lío de celos y faldas. El fiscal recurrió, pero el Supremo ratificó mi petición. Después de salir en libertad, Gabriel me vino a ver y ambos no nos conocimos por el paso del tiempo. Se mostró muy agradecido y su caso es un ejemplo preciso de que la reinserción de las personas es posible», dijo Perera.
Todos los participantes en la mesa redonda se mostraron absolutamente en contra de la pena de muerte. «Es un castigo cruel e inhumano (la pena de muerte), dijo Manuel Jaén. «He estado tres veces en el corredor de la muerte y tuve la oportunidad de visitar a presos de todo el mundo. Por eso creo que la pena de muerte hay que desterrarla del ordenamiento jurídico y ojalá que así sea».