La moratoria urbanística de Menorca, aprobada por el tripartito equipo de gobierno del Consell menorquín (PSOE, PSM Y Esquerra de Menorca-IU) ha motivado la presentación de 51 alegaciones.
La presidenta, Joana Barceló, anunció ayer que se incorporarán otros terrenos a las zonas donde, durante dos años, se aplicará una suspensión de licencias. Al mismo tiempo mantendrá la paralización para los que han levantado mayor polémica política: la ampliación de la urbanización Sant Tomàs, que ha provocado la única alegación contra la moratoria presentada por un Ayuntamiento donde gobierna el Pacte de Progrés. El alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Riudavets (PSOE), solicita al Consell de Menorca que excluya los terrenos de Sant Tomàs, a lo que se oponen los partidos de izquierda. Incluso EM-IU ha acordado su desvinculación orgánica del equipo de gobierno municipal de Es Migjorn Gran.
La otra zona conflictiva es una parcela hotelera de Son Bou, propiedad de la familia Barca Mir. Son los únicos terrenos no afectados por la moratoria en esta urbanización. Pero el Ayuntamiento de Alaior, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, ha denegado la licencia al hotel.
El PP-Menorca, desde la oposición, califica la moratoria de arbitraria y de «operación de imagen», en palabras de Cristóbal Huguet, que anunció la presentación de recursos ante los tribunales. El PP reclama la retirada del proyecto para consensuar otro texto.