El Gobierno de Francesc Antich ha conseguido, con un juego malabar, lo que parecía imposible: contentar a la presidenta de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, en sus aspiraciones autonomistas, y a la vez intentar cumplir los consejos que le dio el Consell Consultiu a la hora de organizar la estructura política de los consells insulars de las tres islas.
Estamos asistiendo a la cuadratura del círculo, verdaderamente, en la que la principal beneficiaria de este arreglo será Maria Antònia Munar, que podrá nombrar los consellers no electos que tanto anhelaba a través de una Ley hecha a su medida. El equilibrio, tan difícil de conseguir, ha consistido en posibilitar que cada uno de los tres consells se organice como quiera, que asuma las competencias que quiera "de las que le traspase el Govern" y que nombre o no consellers no electos a su conveniencia. Eso sí, los no elegidos tendrán que someterse a un control político que queda en el texto legal sin definir, es decir, que también cada uno de los consells podrá ejecutar ese control a su manera. Hay que felicitarse de que el Govern rectifique y asegure ese imprescindible control. Y matizar que el deseo de que cada isla cuente con un gobierno propio, para gestionar las competencias transferidas, no implica que ese órgano ejecutivo esté formado necesariamente por no electos, salvo que el partido gobernante, en este caso UM, no disponga de diputados suficientes.
En principio la propuesta suena un poco alocada, pues generalmente las leyes se elaboran con el objetivo de regular una serie de actividades y en esta ocasión ocurre todo lo contrario. Si se aprueba la ley tal como se ha adelantado, todo parece indicar que cada isla tendrá un consell con unas características tan específicas que no guardarán ninguna relación entre sí. El tiempo dirá si esto es bueno para Balears y para cada isla.