La presentación individual de más de 8.000 alegaciones en contra del plan de residuos elaborado por el Govern consiguió colapsar ayer el registro de la Conselleria de Medi Ambient y el de otros tres departamentos del Ejecutivo. Un grupo de vecinos de Palmanyola se presentaron en la Conselleria de Medi Ambient y exigieron registrar una a una los más de 8.000 escritos contrarios a este plan que han recopilado durante estos días.
El colapso del registro de Medi Ambient ante esta peculiar petición hizo que los vecinos se dirigieran además a los registros de Presidència y de las conselleries de Hisenda y Turisme, que también quedaron colapsadas por este sistema de protesta. Por la tarde, los vecinos siguieron presentando alegaciones ante el juzgado de guardia y en la sede de la Delegación del Gobierno.
Según explicó Manuel Cendrós, portavoz de los vecinos afectados, los vecinos han alegado en contra de este plan ya que son contrarios al gigantismo de este plan, que prevé que las instalaciones de Son Reus pasen de los 520.000 metros que ocupan en la actualidad a los 2'4 millones de metros que se prevé en el plan.
Un portavoz de la Conselleria de Medi Ambient reconoció que el registro de este departamento se había colapsado por la mañana dado que no era capaz de canalizar la totalidad de alegaciones presentadas. El portavoz explicó que el plazo para la presentación de alegaciones finaliza hoy, pero hasta el lunes no se conocerá ni el volumen ni el contenido de los escritos registrados. La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, se desplazó ayer a Bruselas precisamente para tratar de conseguir fondos con los que financiar este plan.
En las alegaciones presentadas por los vecinos de la zona, además del gigantismo de lo que llaman «ciudad de la basura», denuncian que las instalaciones previstas en la zona "una planta de compost, otra de selección de residuos, otra de metanización y un depósito de cenizas repartidos en Palma, Bunyola y Marratxí" no cuentan con una evaluación de impacto ambiental. También consideran que el Govern incumple el reglamento de actividades insalubres y peligrosas ya que algunas de estas instalaciones se encuentran muy cerca de importantes núcleos de población, como es el caso de Palmanyola.