El informe del Consell Consultiu sobre el anteproyecto de ley de consells insulars cuestiona el modelo de gobierno que exige Maria Antònia Munar y va en contra de uno de los acuerdos fundamentales sobre los que se sustenta el Pacte de Progrés.
Según diversas fuentes de toda solvencia, el informe del Consell Consultiu no ve clara la posibilidad de que personas no electas formen parte del gobierno insular. El Consell Consultiu entiende que esta posibilidad puede chocar con el artículo 37.1 del Estatut, en el que se asegura que los consells estarán integrados por los diputados elegidos en cada una de las Islas.
Algunas fuentes aseguran que, si bien el Consell Consultiu está en contra de la posibilidad de que personas no electas formen parte del gobierno insular, el informe deja un margen de maniobra suficiente para que las instituciones puedan auto organizarse.
En cualquier caso, lo que sí queda claro es que los no electos
ni pueden tomar decisiones vinculantes ni ejecutivas y no tienen
capacidad de firma.
Sobre la capacidad de que personas no electas formen parte del
gobierno insular se sustenta el modelo de institución que exige
Maria Antònia Munar. En estos momentos, cinco responsables de área
no electos ocupan cargos a la espera de ser nombrados consellers
ejecutivos cuando se apuebe la nueva ley de consells. Se trata de
Rafel de Lacy, Mateo Sedano, Josefina Sintes, Miquel Angel Borràs y
Miquel Angel Flaquer. Estos nombramientos son los que ahora
cuestiona el órgano asesor del Ejecutivo.
El Govern solicitó este informe del Consell Consultiu a pesar de que no era necesario. El dictamen del órgano asesor, que se aprobó por unanimidad, no es vinculante, pero horas antes de conocerse el contenido del informe, el president del Govern aseguró que su opinión debe ser escuchada, igual que se han escuchado informes de otros juristas.