El Departamento de Estado norteamericano confirmó ayer que «en las próximas semanas» enviará una carta a Sol Meliá en la que notificará a la empresa española que, si no abandona sus actividades en Cuba o llega a un acuerdo privado en un plazo de 45 días, se negará el visado para entrar en Estados Unidos a los miembros de su consejo de administración.
Según un portavoz del Departamento de Estado, todavía no se ha mandado esta comunicación a la cadena hotelera, debido que todavía se encuentra «en proceso de revisión». No obstante, señaló que quizás en «una o dos semanas» el Gobierno estadounidense decida pasar a la siguiente fase del proceso, que supondrá la aplicación del título IV de la Ley Helms Burton.
Asimismo, el Departamento de Estado norteamericano indica que la fecha de envío de esta carta, que será la segunda notificación que reciba Sol Meliá, «aún no se ha fijado». Sin embargo, reiteró que es necesario «ser prudentes, debido a que la aplicación de esta ley contra una empresa de la Unión Europea, supondrá un conflicto con el Gobierno comunitario».
Desde la sede central de Sol Meliá en Palma se insistió ayer en que no había recibido notificación alguna por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos ni de ninguna otra entidad del Gobierno Federal de ese país relacionada con la aplicación de sanciones a la compañía con arreglo a la ley Helms Burton.
Según la cadena hotelera, el Departamento de Estado «ha expresamente negado en Washington a los representantes de Sol Melia la emisión de una carta indicando la advertencia de la imposición de sanciones derivadas de una presunta violación de la ley Helms Burton. Estamos tranquilos, ya que tenemos el apoyo de la Unión Europea y del Gobierno español».
El presidente del Govern, Francesc Antich, declaraba ayer tarde al respecto que la actitud del Gobierno americano, «es un atentado contra el derecho internacional. El Govern hará lo que sea necesario para no dejar desamparadas a las empresas que operan en el extranjero,en este caso a Sol Meliá. Vamos a pedir una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, con el fin de que el Gobierno central actúe en consecuencia».