Un informe realizado por los juristas del Parlament critica las neglicencias del Govern en la tramitación de la ley urbanística urgente, aunque añade que dichos errores no pueden suponer la anulación de un texto legal que está vigor desde hace una semana. Los juristas de la Cámara presentaron ayer un exhaustivo informe sobre la tramitación de la ley urbanística urgente tras la denuncias del PP sobre los errores en la firma del texto que se registró en el Parlament. En concreto, la ley fue certificada en la Cámara con una firma del secretario general técnico de Presidència, Fernando Pozuelo, en lugar de hacerlo el conseller de Presidència, Antoni Garcías. Los juristas entienden que Pozuelo era «manifiestamente incompetente para firmar la certificación», y añaden que «la neglicencia» fue rectificada con otro documento firmado por Garcías. «Lamentablemente en la primera certificación consta, como auténtica y legítima, la firma del secretari general técnico», destaca el informe, que la Mesa del Parlament debe analizar hoy mismo. Los juristas advierten en sus conclusiones que se produjeron tres errores en la formalización del acuerdo del Consell de Govern al comenzar su tramitación en la Cámara autonómica. Sin embargo, los letrados entienden que dichos fallos no pueden invalidar la aprobación de la ley.
Los juristas recomiendan al Govern que apruebe unas directrices sobre la forma y la estructura de los anteproyectos, y aconsejan que en el futuro, «con la finalidad de mejorar la técnica legislativa», los servicios jurídicos del Parlament realicen un informe sobre la «coherencia interna del texto y la concordancia o no de este con la normativa vigente».