El Gobierno, tras haber alcanzado un acuerdo con las principales organizaciones sindicales, UGT y CC OO, adoptó la decisión de incrementar de forma significativa las pensiones mínimas, tanto las contributivas como las no contributivas. Este aumento se produce después de la guerra abierta entre determinadas comunidades autónomas y el Ejecutivo central sobre este asunto. La primera en tomar una decisión de este tipo fue la andaluza, gobernada por el PSOE, pero a ello se sumaron otras, incluso la misma Generalitat catalana.
El tema de las pensiones se convirtió una vez más en un argumento electoralista por parte de todas las fuerzas políticas, lo que llevó a importantes enfrentamientos dialécticos y a demagogias que no conducían a nada por uno y otro lado.
Era preciso que las pensiones mínimas se vieran incrementadas y que este aumento se efectuara de una forma adecuada y justa y, al mismo tiempo, se realizara teniendo en cuenta el difícil equilibrio del sistema nacional. Todos conocemos las dificultades y los equilibrios que tienen que hacer los perceptores de estas pensiones mínimas para llegar a fin de mes. Es por ello que, aunque las cantidades no sean espectaculares para cada uno de ellos, el aumento sí puede significar un cierto alivio de estas difíciles situaciones.
Ahora bien, esta decisión igual pudo haberse adoptado mucho antes y hemos tenido que esperar a que el enfrentamiento entre el Gobierno y determinadas autonomías forzara este cambio. Y tampoco puede olvidarse que esto sucede justo cuando los socios catalanes del Gobierno de Aznar apostaban por apuntarse a las aumentos iniciados por Andalucía. Aún así, bienvenida sea una decisión que viene a reparar, hasta cierto punto, una situación del todo injusta.