El PP de Cort y el Pacte de Progrés están negociando la subida global de sueldos en el Ajuntament de Palma y en el Parlament, y son capaces de ponerse de acuerdo. Durante los últimos cuatro años no ha habido manera de que la derecha desde Cort se entendiera con la izquierda desde el Consell Insular de Mallorca, con Maria Antònia Munar por medio, en cosas difíciles y no tan difíciles, según cómo se mire, como encontrar un sitio apropiado para las cenizas de Son Reus. Y en otras ocasiones sólo fue posible alcanzar la paz institucional después de muchos meses de batalla, como la que protagonizaron Ajuntament y Consell con motivo de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Palma. Pero en esta ocasión, recién estrenada la legislatura, con un Pacte de Progrés afianzado en el Consell Insular de Mallorca y en el Parlament y un PP parapetado en Cort y convertido en el único grupo de la oposición (y el más numeroso de todos) en la Cámara autonómica, son capaces de estrenar esa capacidad para ponerse de acuerdo, con prisas y sin polémica, para aumentarse el sueldo en unos porcentajes de escándalo. Tienen prisa para aplicarse las nuevas retribuciones y esperan huir de la polémica con un pacto de no agresión, pero se olvidan de que los ciudadanos no necesitan grandes titulares para darse cuenta de que lo que se cuece en esas negociaciones políticas, celebradas con la máxima discreción, es algo que merece una crítica dura. Para las cuestiones pecuniarias propias los políticos demuestran unas dotes dialogantes que deberían desplegar también en cuestiones que atañen al interés público, en lugar de poner las instituciones al servicio de intereses partidistas y, por lo que se ve en esta ocasión, también al servicio propio. Se ha estrenado mal esta nueva legislatura cuando las prioridades se esconden en los bolsillos.
Editorial
Negociar por dinero