El Govern quiere erradicar de raíz la oferta de alojamiento de las viviendas vacacionales en las Islas, para lo cual arbitrará el sistema legal adecuado para buscar la forma jurídica concreta que impida la proliferación de esta oferta, «que está provocando una presión turística sobre el sector inmobiliario que puede acelerar el consumo de territorio urbano en las Islas», afirmaba ayer el conseller de Turisme, Celestí Alomar.
El primer paso será derogar el Decreto de Viviendas Vacacionales aprobada por el Ejecutivo de Jaume Matas, con el fin de imposibilitar que exista esta figura turística: «Hay que evitar que sean utilizados como válvula de escape a la presión turística. Se analizarán los derechos adquiridos, pero los expedientes que todavía tienen que ser tramitados, en torno a unos 800, van a ser analizados por los servicios técnicos y jurídicos para obrar en consecuencia».
La legalización y homologación de 1.200 viviendas vacacionales durante el primer cuatrimestre de este año por la Conselleria de Turisme ha permitido que durante este verano estén operativas por vez primera en Mallorca unas 7.200 plazas de este tipo de oferta de alojamiento totalmente legalizadas.
Una comisión de arbitraje integrada por Turisme, Federación Hotelera de Mallorca y la Asociación de Viviendas Vacacionales en Balears se ha encargado de analizar durante el citado período más de 1.300 expedientes de viviendas ubicadas en la Isla, de los cuales ha recibido el visto bueno de Turisme la mayoría de ellas. En el conjunto de Balears, la suma de viviendas que se han intentado legalizar, tanto en Turisme como en los consells insulars de Eivissa-Formentera y Menorca, ha superado la cifra de las 2.300, de las cuales 1.000 se encuentran en Menorca.
Los 800 expedientes con los que se ha encontrado el actual equipo de Turisme, según el presidente de la patronal de este sector, Miguel Amengual, «son fruto de la prórroga que se consiguió hasta el próximo mes de septiembre, con el fin de que los propietarios de las viviendas puedan cumplimentar toda la normativa. De los 800 expedientes, más de un 30% se trata de expedientes duplicados».