El Consell de Mallorca tiene las manos atadas con la aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio: no podrá parar las 77 urbanizaciones incluidas en la moratoria hasta después de las elecciones de junio.
Los plazos corren en contra de la institución que preside Maria Antònia Munar. Desde el momento en que entró en vigor la moratoria del Consell "en noviembre del año pasado", la institución tenía seis meses de plazo para presentar la norma que permitía prohibir las urbanizaciones. Sin embargo, la moratoria aprobada por el Govern dejó en suspenso este plazo, que ahora volverá a comenzar.
Una vez que las Directrices estén en vigor, empezarán de nuevo a contar los plazos. Sin embargo, el proceso es tan largo y complicado que hace imposible que la institución insular pueda parar las 77 urbanizaciones. Para empezar, el Consell tiene que aprobar inicialmente las normas subsidiarias que desclasifican el suelo, primero en la Comissió Insular d'Urbanisme y, después, en el pleno.
A partir de ahí, la norma que prohibe las urbanizaciones debe pasar por un plazo de exposición pública de al menos un mes. Además, tiene que ser remitida a los ayuntamientos afectados para que den su opinión.
Por si este complicado proceso no fuera suficiente, las Directrices de Ordenación del Territorio han incorporado un artículo en el que textualmente se asegura: «En ningún caso se podrán aprobar normas complementarias y subsidiarias para la ordenación de terrenos afectados por una suspensión de su planeamiento sin un dictamen del Consell Consultiu sobre su adecuación al ordenamiento jurídico».
En consecuencia, para que el Consell pueda parar las 77 urbanizaciones, se requiere ese dictamen. Dado que el Consell Insular no tiene competencias en materia de ordenación del territorio, se da por hecho que el dictamen del Consell Consultiu será negativo ya que esta norma no tendrá «adecuación al ordenamiento jurídico».