El coordinador general de Esquerra Unida (EU), Eberhard Grosske, comparó ayer lo sucedido en la empresa Iscomar, que sacó adelante un expediente de extinción de empleos con el apoyo del Govern, según esa formación política, con el «caso Túnel de Sóller». «El fondo del tema es el mismo», dijo Grosske. «El Govern favorece a un empresario con graves dificultades económicas y le premia con una concesión, la ejecución de un tunel en el caso Antoni Cuart, o un trayecto público (Alcudia-Ciutadella) en lo que atañe a Iscomar». El conseller de Treball, Guillem Camps, declarará hoy como testigo ante una comisión judicial en su despacho por la querella criminal presentada por el Sindicato de la Marina Mercante (STMM) en contra del director general de Treball, Fernando Villalobos por posibles delitos penales y prevaricación. La historia del conflicto se remonta a 1997. La naviera Iscomar planteó un expediente de regulación temporal de actividad, que «se transformó en un expediente de extinción de empleo que se ha traducido en el cese de contratos y en la contratación a través de empresas fantasma de trabajadores con menor cualificación y retribución y no sujetos al convenio de Iscomar», según Grosske. Añadió que «esta es una política antisindical y antisocial que ha contado con el apoyo del Govern», y precisó que «lo que avala el comportamiento de favoritismo es que, pocos meses después del expediente, se concedió a Iscomar la línea de pasajeros entre Alcudia y Ciutadella».
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