La complejidad del entramado económico moderno y sus interrelaciones hacen preciso que se intervenga en la producción agrícola para poder adecuarla a las necesidades reales del mercado. Es precisamente en este contexto en el que surge la propuesta del comisario europeo Fischler, incluida en la llamada Agenda 2000. Según éste, estas nuevas directrices agrícolas igualarían a los grandes agricultores con los pequeños.
Esta opinión dista mucho de ser compartida por los profesionales del sector que ayer, en un buen número, se manifestaron contra las reformas propuestas por Fischler. Además, debe tenerse en cuenta que las ayudas a los agricultores se verían sensiblemente reducidas, hecho éste que repercutiría especialmente en los españoles, que aún recuerdan lo sucedido con el aceite de oliva.
Dadas estas circunstancias, parece preciso que las autoridades comunitarias tengan en cuenta la opinión de quienes se verán afectados por esta regulación. El acuerdo se percibe como absolutamente necesario para poder avanzar sin causar un trauma irreversible en quienes se ocupan de los cultivos y la ganadería. Si bien es cierto que, en el marco actual, los agricultores deben comenzar a plantearse que su trabajo tiene que adecuarse a los nuevos tiempos y a las exigencias de la oferta y la demanda.
Pero, por las experiencias vividas hasta ahora, las carencias democráticas de la Unión Europea vuelven a aflorar y los comisarios proponen y ejecutan reformas sin la más mínima participación de los afectados. Los países de la UE deberían plantearse, además de la reforma de la agricultura, la reforma de las mismas estructuras de la UE. Al choque de la tierra con la burocracia se sucederán otros muchos mientras esto no acontezca.