El juez dió la razón a los síndicos de la quiebra y dictó una sentencia mediante la cual adelanta un año (del 29 de junio de 1994 al 1 de julio de 1993) la quiebra de Brokerval. La sentencia, que será recurrida por la UIB, supondrá para esta institución graves perjuicios económicos, ya que deberá reintegrar a la masa de la quiebra entre 100 y 300 millones de pesetas.
Ese proceso judicial está muy vinculado a la querella interpuesta por la sociedad Classic Vision contra los directivos de la ex agencia de valores, Brokerval, Francisco Tous y Francisco Berga, a quienes acusaban de un presunto delito de apropiación indebida, estafa y falsedad. Berga y Tous, según Classic Vision, procedieron a devolver a la UIB la inversión de 111 millones de pesetas, que correspondía a las puntas de tesorería de la Universitat. Ese dinero pertenecía a los herederos de Xim Torrens, según la querella, y Berga tuvo acceso a él en su calidad de albacea de la herencia del pintor.
La UIB realizó varias inversiones en Brokerval entre 1989 y 1993, según admitió esa institución, y la partida concreta de 111 millones debía ser empleada en la adquisición de bonos del Estado. La agencia que dirigían Tous y Berga jamás invirtió este dinero en bonos del Estado, sino que fue desviado hacia otros proyectos, que al final fracasaron, según las investigaciones judiciales.
La intervención judicial llevó a los investigadores
hasta el «caso túnel de Sóller»
El «caso Brokerval» se inició en 1994, cuando varios inversores de
la quebrada agencia de valores denunciaron las supuestas
irregularidades cometidas por los máximos responsables de la
entidad.
La investigación que siguió a la denuncia culminó el 30 de junio de 1994, con una orden judicial de registro de las oficinas de Brokerval y un auto de declaración de quiebra, mientras que algunos días después también fue intervenida judicialmente la sociedad Inverbroker, desde la cual, presumiblemente, se crearon unas sesenta comunidades de bienes para aflorar una elevada cantidad de «dinero negro», que podría rondar los 4.000 millones de pesetas. Ese fue el punto de partida del «caso Túnel», ya que en la contabilidad de la agencia de valores se hallaron los documentos clave que permitieron desentrañar la trama que se saldó con la dimisión del ex presidente del Govern, Gabriel Cañellas.