La Comissió Insular d'Urbanisme ha decidido posponer su última decisión respecto del Pla General d'Ordenació Urbana, de Ciutat, porque el cruce de intereses y la lucha política no le deja una clara libertad de movimientos. Desde el Govern y el PP se ha intentado dinamitar el Pacte de Progrés que, ahora, tiene la última palabra en el PGOU palmesano. De modo que los platos rotos podría pagarlos Cort si no tuviese, en reserva un as como el de las basuras.
Todo muy en la línea de la situación permanente que se vive en Ciutat y en Mallorca por los gobiernos entrecruzados. Y con el fondo del Govern de Balears en manos del PP. Así que será necesario un acuerdo para que el PGOU siga adelante sin graves quebrantos y sin grandes retrasos.
Aunque hay que tener en cuenta que la CIU tiene la obligación de revisar éste y todos los planes, pero no el derecho a imponer su criterio. Frenar un expansionismo excesivo, compaginar los planes urbanísticos de los ayuntamientos límitrofes en todo aquello que afecte a más de uno y procurar que no se cometan irregularidades administrativas no significa que el Ajuntament de Ciutat o cualquier otro, dejen de hacer su plan para hacer el del Consell Insular de Mallorca.
Ya se han cruzado acusaciones y una de ellas, tomada como ejemplo, es sutanciosa: las nuevas urbanizaciones no son tan nuevas y no son proyectos, sino ordenaciones o parcelaciones ilegales toleradas durante doce años de gobierno socialista en Cort. El nuevo plan municipal puede eliminarlas de un plumazo, pero llevarlo a la práctica puede resultar prácticamente imposible. Pero también se puede legalizar lo que se consintió contra toda ilegalidad, lo que, en la práctica, es mejor y más factible. En todo caso, CIM y Cort están condenadosa a entenderse o a hacerse mucho daño.