Una misión de investigación de Naciones Unidas ha afirmado este viernes que la «violencia física» sufrida por la joven kurdo-iraní Mahsa Amini cuando estaba bajo custodia tras ser detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo fue la causante de su fallecimiento en septiembre de 2022, hecho que desató unas grandes movilizaciones de protesta en Irán.
«La misión ha determinado que la violencia física bajo custodia causó la muerte de Amini», ha dicho en un comunicado, antes de criticar que «en lugar de investigar esta muerte de forma rápida, efectiva y exhaustiva, tal y como requiere el Derecho Humanitario, el Gobierno ocultó activamente la verdad y negó la justicia».
Así, ha resaltado que «las autoridades movilizaron a todo el aparato de seguridad del Estado para reprimir a los manifestantes que salieron a las calles tras la muerte de Amini», unas protestas que se saldaron con cerca de 551 muertos, incluidos 68 niños, según «fuentes creíbles» citadas por la misión. En este sentido, ha apuntado a «un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza» por parte de las fuerzas iraníes y ha explicado que hay «un patrón de heridas extensas en los ojos de los manifestantes que provocó ceguera a muchas mujeres, hombres y niños».
«También se han hallado pruebas de ejecuciones extrajudiciales», ha dicho. «La misión confirma que hubo agentes muertos y heridos, pero la mayoría de las protestas fueron pacíficas», indica el comunicado, que denuncia igualmente «un patrón de arrestos arbitrarios», incluidas personas que bailaron, corearon eslóganes, hicieron pintadas en paredes, tocaron el claxon del coche o publicaron mensajes en redes sociales.
Además, ha señalado que las autoridades «torturaron a víctimas para obtener confesiones o para intimidar, humillar y castigar», incluidos casos de mujeres y niñas «sometidas a violaciones y otras formas de violencia sexual y de género, incluidas violaciones en grupo, violaciones con objetos, electrocución de genitales, desnudez forzosa y tocamientos».
La misión ha recalcado además que «muchas» personas «siguen pagando un alto precio» por haber apoyado las protestas en el marco de la represión contra familiares de las víctimas, periodistas, activistas, abogados y médicos, antes de recalcar que las autoridades «animaron, aprobaron y respaldaron» violaciones de los Derechos Humanos con sus declaraciones. Por ello, la presidenta de la misión, Sara Hossain, ha incidido en que «estos actos forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Irán, principalmente las mujeres, niñas, niños y hombres que han pedido libertad, igualdad, dignidad y rendición de cuentas».
«Pedimos al Gobierno que detenga inmediatamente la represión contra los que participaron en protestas pacíficas, en particular mujeres y niñas», ha subrayado. En esta línea, Viviana Krsticevic, miembro de la misión, ha abundado en que «Irán tiene la obligación de respetar los derechos de mujeres y niños y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas». «Dada la discriminación institucional profundamente arraigada contra las mujeres y niñas iraníes, se les deben reparaciones transformadoras que garanticen su participación plena, libre e igualitaria en todas las esferas de la sociedad iraní», ha dicho, antes de apuntar que «esto implicaría, entre otras medidas, una revisión de las leyes, una reforma del sistema judicial y medidas de rendición de cuentas».