El Gobierno francés se esfuerza en mostrarse flexible de cara a la tramitación parlamentaria de su reforma de las pensiones, tras la segunda movilización masiva de todos los sindicatos en su contra este martes, para intentar salvar el eje central, el retraso de la edad mínima de jubilación a los 64 años. El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, y el de Hacienda, Gabriel Attal, insistieron este miércoles, en el carácter «necesario» de la reforma para que se pueda seguir financiando el régimen de pensiones.
Los dos ministros se reafirmaron en las polémicas palabras de la primera ministra, Elisabet Borne, que el domingo dijo que retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64 es innegociable, pero cambiando la forma. «Lo que no es negociable es la vuelta al equilibrio», señaló en el canal de televisión France 2 Dussopt, en referencia al déficit de entre 10.000 y 15.000 millones de euros anuales que se prevé en el horizonte de 2030 (un 3 % del gasto de pensiones) si no se hace nada.
No obstante, se mostró abierto a «mejorar las cosas» durante el debate parlamentario, sobre todo para evitar las prejubilaciones forzadas de personas de más de 55 años y para evitar que las mujeres sean las que tengan que hacer más esfuerzos con la reforma, una cuestión que está en el centro de los debates los últimos días. Attal, ante los micrófonos de la emisora France Inter, cuestionó que haya una alternativa a retrasar la edad de jubilación mínima, como afirman los que se oponen, como no sea «un aumento masivo de los impuestos para pagar las pensiones».
Criticó en concreto las propuestas de la coalición de izquierdas, que querría entre oras cosas suprimir algunas exenciones de cotizaciones de las que se benefician las empresas. «Aumentar sin cesar los impuestos, destruye empleos y ralentiza el crecimiento» económico, añadió el titular de Hacienda, que subrayó que gracias a su política de reducción de la fiscalidad corporativa la tasa de paro en Francia es la más baja de los 15 últimos años y en 2022 se logró una recaudación récord con el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios.
Attal afirmó que los miembros del Gobierno están «muy abiertos» a que al proyecto de reforma de las pensiones, que ha iniciado su tramitación en la Asamblea Nacional, donde desde el próximo lunes comenzarán los debates en el plenario, sea completado en algunos aspectos. En particular para imponer a las empresas resultados para aumentar la proporción de trabajadores de más de 55 años, para integrar más los llamados «derechos familiares» como la maternidad para poder adelantar la jubilación o para reducir el carácter penoso de algunos empleos.
Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, primer sindicato del país), se felicitó del éxito de las movilizaciones del martes, cuando salieron a la calle 1,27 millones de personas, según el Ministerio del Interior, y más de 2,5 millones, según las centrales. En otra entrevista a la radio RTL, Berger hizo hincapié en que fueron las mayores manifestaciones desde las de 1995, «incluidas las de 1995», que entonces acabaron con la retirada del proyecto de reforma de las pensiones por parte del que era primer ministro, el conservador Alain Juppé.
«Vamos a continuar así», subrayó el líder de la CFDT. Los sindicatos han organizado nuevas jornadas de movilizaciones el 7 y el 11 de febrero para aumentar la presión al Gobierno. El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martínez, señaló por su parte que el rechazo de Borne y del presidente francés, Emmanuel Macron, a rectificar, está llevando a que se planteen huelgas que pueden tener carácter indefinido, como en los ferrocarriles.