El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha negado cualquier implicación en las graves violaciones de Derechos Humanos que le atribuyen las dos querellas presentadas en su contra, durante la declaración que ha tenido lugar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha vuelto a rechazar las medidas cautelares solicitadas --prisión provisional y retirada de pasaporte-- al no ver ni riesgo de fuga ni indicios de delito.
Ghali, que ha declarado por videoconferencia desde el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde está ingresado por complicaciones derivadas de la COVID-19 desde el pasado 18 de abril, estaba citado por una querella formulada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) y por otra presentada por el activista saharaui Fadel Breica.
«El presidente Ghali ha explicado que su participación, como ministro de Defensa en aquella época, no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de acción en la conducta que se le imputaba por parte de las acusaciones», ha dicho su abogado, Manuel Ollé, a los medios de comunicación al término de la comparecencia judicial.
La acusaciones, sin embargo, han solicitado medidas cautelares contra el líder saharaui para garantizar que permanece en España, reclamando en concreto si ingreso en prisión provisional y la retirada del pasaporte. La Fiscalía, por su parte, se ha limitado a pedir que facilite un teléfono y un domicilio para poder localizarlo.
Pedraz ha respondido poco después a través de dos autos --uno por querella-- en los que ha rechazado las medidas cautelares al considerar que «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno». «No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia», ha determinado.
Ha llamado la atención sobre el hecho de que «en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra, que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración».
Asimismo, ha señalado que «no puede seguirse que pueda ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados», algunos de hace más de una década, «y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna».
SIN INDICIOS
Pedraz ha apuntado igualmente que «el informe de la acusación (...) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno». A este respecto, ha detallado que «las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa».
De acuerdo con el magistrado de la Audiencia Nacional, en dicho informe solamente se alerta de que Ghali sería culpable de delitos muy graves y se advierte de que podría fugarse porque ingresó en el hospital de Logroño de forma «extravagante» con una supuesta documentación falsa.
El magistrado ha querido aclarar en este punto que «no consta» que hiciera uso de documentación falsa y que, en cualquier caso, afirmar que Ghali habría entrado en territorio español «ilícitamente» no basta para acordar las medidas cautelares planteadas.
Por todo ello, ha decidido que «no ha lugar a decretar la prisión provisional ni otro tipo de medida cautelar personal» contra el jefe del Frente Polisario, aunque sí ha requerido a su representante legal para que «aporte un domicilio y teléfono en España a fin de estar localizado».
El abogado de Ghali se había mostrado «optimista» sobre las medidas cautelares, argumentando que adolecían de «falta de solidez». «Es como solicitar ahora, de acuerdo con lo que hay en los autos, que se ponga a nevar en Madrid», ilustró.
«FINES POLÍTICOS»
Con todo, Ollé ha concluido que la comparecencia judicial «ha ido muy bien» porque «se ha demostrado que son absolutamente falsos los hechos que han sido objeto de la acusación» contra Ghali.
Así, ha atribuido las acusaciones a «fines políticos», «para tratar una vez más de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino hacia la autodeterminación que le corresponde».
«Se ve que se ha tratado, aprovechando que estaba aquí, de utilizarlo como un trofeo o como una presa política», ha denunciado. Por eso, ha avanzado que solicitará el sobreseimiento libre de las actuaciones y la condena en costas de las acusaciones al estimar que han actuado con «mala fe» y «temeridad».
SIGUE «MUY DÉBIL»
El letrado de la defensa ha destacado que Ghali ha hecho «un tremendo esfuerzo» por comparecer «voluntariamente» ante la justicia española, aseverando que sigue «muy débil».
Interrogado sobre cuánto tiempo permanecerá su cliente en España, ha contestado que habría que esperar a que Pedraz resolviera, algo que ya ha hecho. «Y, a partir de ese momento, (Ghali) decidirá lo que tenga por conveniente. Él está débil de salud y, en cuanto esté fuerte, decidirá», ha zanjado.
Además, Ollé ha aprovechado para poner de relieve que Ghali entró en España con su pasaporte y subrayar que, a su llegada, «estaba más cerca de la muerte que de la vida».
VÍCTIMA A VÍCTIMA
No obstante, la abogada de Breica, María José Malagón, ha achacado el optimismo de Ollé a su «lógico» rol de defensa, al tiempo que ha reivindicado que si el juez ha admitido ambas querellas es porque hay algún indicio.
Breica «ha sido torturado horriblemente», ha afirmado, para añadir que también se le ha expuesto «una casuística absolutamente pormenorizada, de días, personas --nombres propios-- y hechos claros» de otras presuntas víctimas. Malagón ha asegurado que tiene pruebas, incluso informes médicos, y que las aportará a la causa.
Fuentes presentes en la declaración de Ghali han contado a Europa Press que, efectivamente, se ha preguntado al líder saharaui sobre víctimas concretas, pero que ha negado siquiera conocerlas.
Otro de los asuntos que han aflorado en el curso de la comparecencia es la inmunidad diplomática. Ollé ha planteado directamente a Ghali si quería renunciar a ella, si bien él ha optado por ampararse en la misma, como presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Las acusaciones han cuestionado que goce de tal protección y Pedraz las ha emplazado a exponer sus argumentos por escrito dejando el tema en el aire.
Por otro lado, Malagón ha reaccionado a las acusaciones de «mala fe» vertidas por la defensa para manifestar que «esto no es un tema político», sino una cuestión de Derechos Humanos. «No sé ni dónde está Marruecos», ha remachado, también en declaraciones a la prensa desde la Audiencia Nacional.
El interrogatorio ha durado una hora y media, a pesar de que Ghali solo ha respondido a las cuestiones de su abogado y del Ministerio Público. El juez no ha preguntado. Según Malagón, el presidente de la RASD no se ha quitado la mascarilla «en ningún momento». Y, por su forma de hablar, no parecía tan débil.