Con la mirada puesta en la decisiva cumbre de este lunes, Grecia se prepara para las posibles consecuencias económicas que pueden darse si no hay un acuerdo con los socios y que incluyen la salida del euro, un escenario que la población afronta con preocupación.
Los socios han advertido de que el encuentro de mañana no servirá de nada si previamente el Gobierno griego no ha acercado posiciones con sus instituciones acreedoras, la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europea (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las medidas presupuestarias y fiscales que aún les separan del acuerdo.
Por ello, las reuniones del Ejecutivo de Alexis Tsipras se han intensificado este fin de semana y ya se han filtrado algunas medidas que contiene la nueva propuesta griega, que si bien mantiene los tipos de IVA propuestos por Atenas y su oposición al recorte de pensiones, incluye concesiones para tratar de alcanzar un terreno común con los acreedores.
Pero si finalmente las negociaciones fracasan de nuevo y Grecia llega al 30 de junio sin acuerdo, cuando expira la prórroga del segundo rescate, deberá hacer frente a varios escenarios económicos.
Sin acuerdo, probablemente Grecia no podrá pagar los vencimientos del FMI por un total de 1.600 millones de euros, como tampoco los 6.700 millones que debe devolver al BCE en julio y agosto.
Tras declarar el impago, el BCE limitaría el acceso al mecanismo de asistencia (ELA) a la banca, una de sus pocas fuentes de liquidez, que la institución monetaria europea ha aumentado en dos ocasiones esta semana hasta unos 87.000 millones.
A su vez, esto conllevará la imposición de un control de capitales para evitar mayores sangrías en los depósitos, lo que, según los analistas, podría llevar a un corralito.
En ese caso el Gobierno podría estar obligado a emitir pagarés para poder abonar sus salarios a los funcionarios y a los pensionistas y, a medio plazo, si no se alcanza un acuerdo, introducir una nueva moneda fuertemente devaluada respecto al euro.
Este escenario podría convertirse en una oportunidad para que Grecia pueda salir de la crisis, según algunos analistas, pero también en un grave peligro, pues la introducción de una moneda nacional desencadenaría un círculo vicioso de inflación galopante, mercado negro y pobreza generalizada.
Esta situación podría llevar a alcanzar un acuerdo a corto plazo que implique la extensión de tres meses del programa actual.
Si en ningún caso hay este pacto ni a corto ni a medio plazo, la consecuencia final podría ser la salida de Grecia del euro, un hecho sin precedentes en la eurozona.
Los tratados europeos prevén la progresiva adhesión a la moneda única de todos los miembros de la Unión Europea (UE), pero no el abandono de esta, por lo que los expertos solo ven posible una salida del euro si va acompañada de una marcha de la UE.
La incertidumbre ha hecho que en los últimos días la salida de depósitos haya aumentado considerablemente y en lo que va de semana ascienda ya a unos 3.000 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno griego ha recalcado que el control de capitales «no se plantea» y ha subrayado que los depósitos están seguros y que el sistema bancario es fuerte.
En las calles de la capital helena, sin colas en los cajeros automáticos, la situación económica preocupa de manera diferente ante la falta de precedentes y de una noción clara de lo que conllevaría el abandono del euro.
La población griega está mayoritariamente a favor de seguir en la eurozona, como muestran varias encuestas.
La última, realizada entre el 11 y el 17 de junio por la empresa Public Issue, la publica hoy el diario Avgi.
El 60 % de los griegos tienen una percepción positiva sobre el euro, frente al 36 % que lo ve de forma negativa.
Por una parte, están los que temen que la salida de la moneda común deje al país, por ejemplo, sin liquidez para hacer frente al pago de salarios y pensiones y agrave la situación de una población duramente golpeada en estos seis años de crisis.
Otros, en cambio, son partidarios de llevar las negociaciones al extremo para lograr que no se impongan las exigencias de los acreedores, pues aseguran que ya lo han perdido todo y no temen una vuelta al dracma, que a la larga consideran beneficiosa.
En este sentido, el 62 % considera que el Gobierno no debe capitular en las conversaciones con los socios, mientras el 34 % querría a todo coste un acuerdo.