El Gobierno griego logró ayer romper la huelga del metro de Atenas con una orden de movilización forzosa y la intervención de policías antidisturbios.
Durante el fin de semana «la situación se normalizará», prometió el portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, quien defendió la decisión de «aplicar la ley» con medidas forzosas, a la vista de que los sindicatos optaron por «hacer caso omiso» a una sentencia judicial. Con ello, Kedikoglu aludió al decreto de un tribunal de Atenas de declarar ilegal esta huelga, en la que no se habían garantizado los servicios mínimos.
En la madrugada, un fuerte dispositivo de agentes antidisturbios desalojó las cocheras del metro, donde se había atrincherado en torno a un centenar de huelguistas. De acuerdo a los medios griegos, al menos dos personas fueron detenidas durante esta operación, duramente criticada no solo por los trabajadores sino también por la oposición de izquierdas.
Anticonstitucional
El principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, acusó al Ejecutivo de haber violado la Constitución al no respetar «la prohibición de todo trabajo forzoso».
El Gobierno dirigido por el conservador Andonis Samarás, sin embargo, justificó esta medida extraordinaria por el «grave daño» que el paro del metro estaba infligiendo a la población y a la economía del país.
Para ello recurrió a un decreto ley que permite la aplicación de medidas forzosas en «situaciones repentinas que obstruyan o perturben la vida económica y social del país».
En torno al sesenta por ciento de los 2.500 trabajadores del metro que debían recibir una orden de movilización forzosa la había recibido hasta el mediodía. El incumplimiento de esta orden no solo puede implicar el despido sino también penas de hasta tres meses de cárcel.
La huelga fue convocada en protesta contra los planes del Gobierno de crear un único sistema salarial en todo el sector público.