Un millón de trabajadores, según el sindicato CGIL, se manifestaron hoy en las principales ciudades italianas para protestar contra el ajuste presupuestario recientemente aprobado por el Gobierno de Silvio Berlusconi y que prevé el congelamiento de los sueldos de los funcionarios e importantes recortes en el ámbito de la administración pública, entre otras medidas. Las protestas callejeras coincidieron además con una huelga general convocada por el mismo sindicato y que paralizó gran parte del país transalpino.
El motivo de la huelga era protestar contra el ajuste presupuestario recientemente aprobado por el Gobierno y que en estos días está siendo debatido por el Parlamento. Entre otras cosas, prevé el congelamiento de los sueldos de los funcionarios hasta 2013 y el recorte del presupuesto destinado a las regiones y demás entes locales, así como a los entes públicos en general, lo que, según afirman los detractores del plan, supondrá un empeoramiento de los servicios a los ciudadanos.
Aun con todo, la CGIL ha sido el único sindicato que ha rechazado abiertamente el ajuste, que define como «equivocado, injusto y deprimente», ya que carga el peso de la corrección económica «sobre las espaldas de los de siempre».
Así, a la manifestación que realizó en Roma el pasado 12 de junio, se sumó la movilización nacional de hoy, que no consistió sólo en una huelga sino también en manifestaciones masivas por las calles.
Las principales fueron las que tuvieron lugar en Roma (centro), Nápoles (sur), Milán y Bolonia (norte). Esta última fue la localidad elegida como centro de operaciones. Desde allí, la subsecretaria general de CGIL, Susanna Camusso, denunció que el ajuste sólo pide sacrificios a los trabajadores y a los ciudadanos de a pié mientras que tendrían que ser «los que tienen más» los que contribuyan en mayor medida a remediar la crisis.
CON EL APOYO DE LA OPOSICION
Los líderes de la oposición también se manifestaron como muestra de apoyo a los trabajadores. En Nápoles, lo hizo el líder de Italia de los Valores (IDV), Antonio Di Pietro, mientras que en Milán, se adhirió a la protesta el secretario general del Partido Demócrata (PD), Pierluigi Bersani.
Di Pietro eligió Nápoles para apoyar a los trabajadores de la fábrica que Fiat tiene a sus puertas, en la localidad de Pomigliano d'Arco. El grupo automovilístico está negociando con los trabajadores la posibilidad de trasladar a esta planta la fabricación del modelo Panda, una operación que aliviaría las difíciles circunstancias que atraviesa el mercado de trabajo en esta región. Aunque la mayor parte de los trabajadores está de acuerdo con las condiciones laborales que Fiat ha interpuesto al acuerdo, otra parte las rechaza, lo que podría hacer que el grupo acabe decantándose finalmente por cerrar la fábrica.
En este contexto, el líder de IDV aprovechó la delicada circunstancia que atraviesa Pomigliano para expresar su apoyo no sólo a los trabajadores de esta fábrica si no a los del resto del país, porque «es la economía real la que se está yendo a pique y el ajuste del Gobierno no hace nada por ayudarla», aseguró.
Por su parte, Bersani, que se manifestó en las calles de Milán, la capital económica del país, pidió al Ejecutivo de Silvio Berlusconi que dé marcha atrás y cambie este plan de austeridad «injusto e inicuo» que «golpea los servicios y las rentas básicas».
A parte de las manifestaciones, los trabajadores demostraron su disconformidad con el ajuste presupuestario a través de una huelga, cuyo grueso fue protagonizado por los trabajadores que dependen de la administración pública. No obstante, también se pararon durante varias horas algunos empleados del sector privado. En cuanto a su alcance territorial, la huelga fue nacional, a excepción de las regiones de Liguria, Toscana y Piemonte que se pararán el próximo 2 de julio.
Además de dificultar la movilidad en las principales ciudades italianas, la huelga provocó cancelaciones en algunos aeropuertos como el de Fiumicino (Roma), donde según CGIL fueron cancelados o reprogramados hasta 86 vuelos.
La reacción del Gobierno llegó de la mano del ministro del Trabajo, Maurizio Sacconi, quien esperó que esta huelga «sea la última» y acusó al sindicato organizador de actuar según «condicionamientos ideológicos».