JOAQUIM UTSET-NUEVA YORK
La Asamblea General de la ONU aprobó ayer, tras dos décadas de negociaciones, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que protegerá a los más de 370 millones de personas que integran estas comunidades vulnerables en todo el mundo. El texto, ratificado por 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, constituye un hito histórico para el movimiento indígena, que durante años vio cómo sus intentos por lograr que se respetaran sus derechos se deshacían en los pasillos del organismo internacional.
Los cuatro votos negativos fueron de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La declaración, de 46 artículos, establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró la adopción de la declaración e instó a que los Estados miembros «se aseguren que su visión se ponga en práctica», comentó su portavoz, Michele Montás. El embajador adjunto de Perú ante la ONU, Luis Enrique Chávez, quien presentó el documento al pleno de la Asamblea General, señaló que ayer se tenían la oportunidad y la responsabilidad de «colmar un vacío» en la esfera de la protección de los derechos humanos.
«La protección de un grupo de seres humanos que, según lo atestiguan los diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos, está entre los más vulnerables», agregó.
Sin embargo, para los países que votaron en contra, la declaración otorgaba derechos a las poblaciones indígenas que entran en conflicto con los del resto de la población, y con el marco constitucional de los países democráticos. «Australia ha expresado su oposición al uso del término autodeterminación, que más bien está relacionado con situaciones de descolonización (...). No podemos respaldar un texto que pone en peligro la integridad territorial de un país democrático», expuso el embajador de Australia ante la ONU, Robert Hill, en su intervención.
Canadá, de igual manera, apuntó que el documento no se adecúa a su legislación en materias como la propiedad de tierras, su explotación o su uso por parte de las fuerzas armadas. «Hay que lograr un equilibrio entre estos derechos de los pueblos indígenas, el Estado y las terceras personas», apuntó el embajador canadiense ante la ONU, John McNee.