La nueva Comisión Europea, presidida por el portugués José Manuel Durao Barroso, inició ayer su andadura en medio de una nueva polémica causada por la condena y posterior amnistía de su comisario de Transportes, el francés Jaques Barrot, por financiación irregular de su partido.
Barrot envió ayer una carta al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, en la que explica que su condena de 8 meses de cárcel recibió una amnistía en 2000, lo que supone que queda eliminada de su registro de antecedentes penales, es decir, que a efectos legales, nunca existió.
Sin embargo, las dudas en torno a Barrot no hacen sino aumentar los problemas con los que ha empezado a funcionar el Ejecutivo de Barroso, que ya se vio obligado a remodelar su equipo ante el rechazo que mostró el Parlamento Europeo a la primera formación.
Las dudas surgidas ahora sobre Barrot, que hasta este momento había sido uno de los comisarios menos cuestionados, han vuelto a poner en tela de juicio la idoneidad de los elegidos y de las carteras que se les han atribuido.
A preguntas de los periodistas, sobre los casos de Barrot y la letona Ingrida Udre, investigada por un caso de financiación ilegal de su partido y cuya candidatura fue retirada por su país, la portavoz de la Comisión Europea, Francoise Le Bail, afirmó que «son radicalmente diferentes» y se limitó a recordar que la sustitución de la letona fue decidida por su Gobierno.
También el Parlamento ha aprovechado la situación creada y la semana pasada aprobó una resolución en la que pide a Durao Barroso que cumpla varios requisitos en los próximos cinco años, entre ellos la posibilidad de cambiar a los miembros de su equipo que pierdan la confianza de la Cámara.