EUROPA PRESS-BRUSELAS
El Presidium de la Convención sobre el Futuro de Europa no ha
tenido en cuenta las principales demandas españolas a la hora de
definir los criterios que regularán la toma de decisiones en la UE
ampliada y, por tanto, qué parcela de poder corresponderá a cada
Estado miembro en el nuevo escenario.
El órgano director de la Convención se ha inclinado finalmente por que, a partir de 2009, el peso demográfico de cada país se convierta en un factor de decisión, lo que resta capacidad de influencia a España con respecto al 'statu quo' que rige en la actualidad y al que prevé el Tratado acordado en Niza en 2000.
No obstante, el Gobierno aún dispone de margen para alterar el acuerdo, durante la semana que resta de Convención y, sobre todo, durante la Conferencia Intergubernamental (CIG) que dirá la última palabra acerca de la Constitución Europea acordada.
Eran cerca de las dos de la madrugada del viernes, cuando el Presidium, dirigido por Valery Giscard d'Estaing e integrado por doce convencionales alcanzaba por fin un acuerdo de compromiso sobre el título IV del borrador de Constitución, el que contiene la arquitectura institucional de la nueva UE.
El Presidium es un órgano colegial, por lo que sus decisiones no son fruto de votaciones sino del consenso entre todos sus miembros. Pero esta vez fue diferente. Dastis no bloqueó el acuerdo -ello habría supuesto bloquear todos los trabajos de la Convención a una semana de su fin-, pero tampoco lo aprobó. La razón es que el consenso del resto ignora la exigencia fundamental española: el mantenimiento del sistema ponderado de votos acordado en Niza.
De hecho, el borrador incluye una reforma sustancial del sistema decisional del Consejo en aquellas áreas que no exigen unanimidad.
A partir de entonces, entraría en juego un sistema de «doble mayoría» por el que las decisiones precisaran el respaldo de una mayoría simple de países, cuyas poblaciones sumen además al menos el 60 por ciento del total de la ciudadanía europea.
«Una cifra simple que representa el apoyo popular a una decisión», apuntó Giscard d'Estaing.
Pero el criterio demográfico arrastra consecuencias prácticas más allá de la mejora en la calidad democrática de la Unión.
Además, el nuevo borrador consolida la idea del presidente estable del Consejo de la UE. El proyecto le dota de un mandato de dos años y medio de duración, renovables, y de dos competencias básicas: la coordinación de los trabajos del Consejo Europeo (reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno) y la representación externa de la UE, sin perjuicio en este punto de las facultades del futuro ministro de Exteriores de la UE.
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que la fórmula de compromiso acordada por el presidium de la Convención sobre el futuro Tratado de la UE, es «desequilibrada», aunque recordó que «hay tiempo para seguir debatiendo y llegar a una solución más equilibrada».