El Gobierno francés adoptó ayer un proyecto de reforma de las pensiones con la voluntad declarada de salvar el sistema de repartición, amenazado por los cambios demográficos, y sin hacer caso del rechazo de la mayoría de los sindicatos. La decisión del Gobierno de centroderecha de Jean-Pierre Raffarin de seguir adelante, con vistas a la adopción parlamentaria del plan a mediados de julio, abre la puerta a un endurecimiento del pulso con los sindicatos, con convocatorias de nuevas huelgas.
Los de la Educación, que rechazaron ayer las propuestas de «discusión» de Raffarin sobre la descentralización, convocaron un nuevo paro laboral para el 3 de junio. Para ese día, último de la cumbre de los líderes de los siete países más industrializados y Rusia en Evian (este de Francia), está ya convocada una huelga prorrogable en los ferrocarriles.
Otra está prevista por al menos un sindicato en los transportes urbanos. Otras organizaciones sindicales se han conformado con las «seguridades» del Gobierno para sus regímenes «especiales» de pensiones, que no están cubiertos por la reforma. La reforma descansa esencialmente en el alargamiento del período de cotización, primero para los funcionarios y luego para todos hasta los 42 años en 2020 para tener derecho a una pensión completa, si bien mantiene el derecho legal de jubilarse a los 60 años.
Se trata de una reforma «justa» y «urgente» porque el sistema actual está «amenazado», dijo el jefe del Estado, Jacques Chirac, en el Consejo de ministros que aprobó el plan pilotado por el ministro de Asuntos Sociales, François Fillon. El Gobierno tenía el «deber» y «la responsabilidad de actuar, sin demora» para no tener que tomar «un día» medidas «brutales», agregó el neogaullista Chirac, según el portavoz del Ejecutivo.