EFE-BELGRADO
El gabinete ministerial serbio, reunido en sesión de urgencia, solicitó a la presidenta interina de Serbia, Natasa Micic, que declare el estado de excepción ante la «amenaza para el orden constitucional» y de la «seguridad nacional». La presidenta proclamó el estado de excepción a petición del Gobierno serbio, que considera que está en peligro el orden democrático y la seguridad. «Partiendo del hecho de que con el asesinato del primer ministro, Zoran Djindjic, se ha puesto en peligro la seguridad de Serbia, la libertad y los derechos humanos y de ciudadanos así como el funcionamiento de los órganos estatales, y con el objetivo de que se encuentre y capture los autores del atentado, he decidido aceptar la propuesta del gobierno», dijo Micic.
Según fuentes policiales, Zoran Djindjic fue alcanzado por varios disparos realizados con un arma de precisión y gran calibre desde una gran distancia cuando se encontraba ante el edificio de la sede del Gobierno serbio. Los médicos trataron de salvar su vida mediante una operación de urgencia, pero las heridas en el pecho eran mortales.
Poco después del atentado la policía detuvo en las cercanías del crimen a tres personas sospechosas, según señaló la agencia local Beta, mientras el aeropuerto de Belgrado era cerrado de forma inmediata y suspendidos los vuelos para abandonar el país. Según fuentes policiales no confirmadas aun oficialmente, sobre el tejado de un edificio próximo a la sede del Gobierno serbio fueron encontrados dos rifles con miras telescópicas. Testigos presenciales vieron escapar de dicho edificio a dos hombres armados con pistolas.
Tras conocerse el magnicidio el último presidente de la recientemente extinta Yugoslavia, Vojislav Kostunica, valoró el asesinato de Djindjic como «una terrible advertencia» y una prueba de los escasos progresos alcanzados en la democratización del país. El propio vicepresidente serbio, Nebojsa Covic, atribuyó el crimen a círculos mafiosos y elementos criminales próximos al derrocado régimen de Slobodan Milosevic.