El fallo del Tribunal Constitucional alemán, que rechazó por razones de procedimiento la ley de inmigración, no sólo bloquea la entrada en vigor el 1 de enero de uno de los grandes proyectos del Gobierno de Gerhard Schröder, sino que obligará al Ejecutivo a buscar el consenso con la derecha. Al difícil arranque pos-electoral de Schröder por las malas noticias económicas, se sumó ayer una «revancha» conservadora, heredada desde la primera legislatura.
El revés le vino al canciller desde Karlsruhe, sede del Tribunal, que declaró inconstitucional la aprobación de la ley de inmigración y dio así la razón a los demandantes, seis estados liderados por los conservadores. «Nuestro cometido no era juzgar el contenido sino la forma en la que se produjo la aprobación», subrayó el presidente de la sala, Winfried Hassemer, al dar a conocer la sentencia.
La fórmula empleada por el presidente de la cámara alta (Bundesrat), el socialdemócrata Klaus Wowereit, para dar por ratificada esa ley, no fue «acorde con la Constitución», puesto que obvió que uno de los estados -Brandeburgo- no tenía una posición unitaria al respecto e interpretó su voto como positivo. El voto de Brandeburgo era decisivo para resolver el empate en uno u otro sentido.