Colombia vive a partir de ayer, y al menos durante noventa días, bajo el estado de conmoción interior, declarado por el presidente, Alvaro Uribe Vélez, tras un largo consejo de ministros. Esta declaración fue justificada como medida urgente para preservar la seguridad del país y frenar la escalada terrorista de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ministro del Interior y Justicia, Luis Fernando Londoño Hoyos, habló de «momentos excepcionales» por los que pasa Colombia, con una situación de «terror» provocada por «grupos armados cada vez con mayor capacidad destructiva».
El «estado de conmoción interior», o más conocido como estado de excepción, que restringe algunas libertades y por el que el Gobierno puede suspender algunas leyes, se declara cuando se presenta una «grave perturbación de orden público», que «atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana». Los decretos relacionados con esta medida excepcional sólo pueden referirse a materias directamente relacionadas con la situación que determinó su declaración, no podrán suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales, y respetarán también el Derecho Internacional Humanitario.
Entre las facultades que otorga al Gobierno esta situación está la de limitar los movimientos de las personas, controlar la radio y la televisión y someter a permiso previo o limitar la celebración de reuniones y manifestaciones. También podrá interceptar y registrar comunicaciones, con orden judicial, o disponer la detención preventiva de personas, asimismo con orden judicial. La primera medida decretada en el «estado de conmoción interior» ha sido el «impuesto al patrimonio», en el que se cobrará el 1'2 por ciento a todos los colombianos con un patrimonio líquido declarado igual o superior a 150 millones de pesos (unos 57.000 dólares). Con este impuesto, el Gobierno espera recaudar dos mil millones de pesos (unos 778 millones de dólares), con los que no sólo podrá fortalecer los organismos de seguridad sino fomentar el crecimiento económico y el empleo durante los dos próximos años.
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, indicó que tanto el «estado de conmoción interior» como el nuevo impuesto fortalecerán sobre todo a los organismos de seguridad con nuevos agentes de la policía, y la formación de dos brigadas móviles del Ejército. El Gobierno de Colombia ha prometido «resultados contundentes» con el recién decretado estado de «conmoción interior».