Dispuesto a intensificar su ofensiva contra el terrorismo dentro del país, el Gobierno estadounidense anunció que usará «de forma inmediata» los amplios poderes que le otorga la nueva ley antiterrorista, aprobada ayer por el Senado. La legislación da a la policía mayores atribuciones para la intervención de líneas telefónicas, el seguimiento de conversaciones y comunicaciones por internet y los allanamientos secretos en los domicilios de sospechosos, y abre «una nueva era en la lucha contra el terrorismo», según el fiscal general, John Ashcfrot.
«Vamos a usar todas las armas bajo la Constitución y la ley para proteger la vida y aumentar la seguridad», afirmó. «En el momento en que sea efectiva, instruiré a las 94 oficinas de fiscales federales y las 56 oficinas de campo del FBI para que apliquen de forma inmediata esta amplia legislación», dijo Ashcroft en una intervención pronunciada ayer ante la Conferencia de Alcaldes. El fiscal general añadió que, dentro del uso de todos los recursos legales, también se van a aplicar de forma estricta las leyes de inmigración y cualquier arma legal al alcance del Gobierno. «Si alguien permanece (en Estados Unidos) más tiempo del que marcan sus visados, lo arrestaremos; si alguien viola una norma local, le arrestaremos», avisó.
La ley antiterrorista fue aprobada en el Senado por una abrumadora mayoría de 98 votos a favor y sólo uno en contra, el del demócrata Russ Feingold, quien consideró que el texto «no tiene un justo equilibrio entre el aumento de poderes para las autoridades y la protección de los derechos fundamentales». Numerosas organizaciones de defensa de los derechos civiles temen que las autoridades usen los nuevos poderes para investigar de forma ilegal a personas o grupos que ejerzan su libertad de expresión para opinar en contra del Gobierno.